Migrantes venezolanos trasladados por Estados Unidos a El Salvador fueron víctimas de torturas, violencia sexual y otros abusos durante su reclusión en una megacárcel para pandilleros, denunció ayer la organización Human Rights Watch (HRW).
Según el informe, los hechos ocurrieron entre marzo y abril, cuando el gobierno del entonces presidente estadounidense Donald Trump, en acuerdo con su par salvadoreño Nayib Bukele, envió a 252 migrantes venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), bajo acusaciones sin pruebas de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.
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“Los casos de tortura y maltratos a venezolanos en El Salvador no fueron incidentes aislados cometidos por algunos guardias o policías, sino violaciones sistemáticas de derechos humanos”, afirmó HRW.
El reporte, titulado “Llegaron al infierno”, fue elaborado junto con la ONG centroamericana Cristosal, que cerró sus oficinas en El Salvador en julio tras denunciar una “escalada represiva” contra los defensores de derechos humanos.
Los migrantes permanecieron incomunicados durante cuatro meses, con alimentación insuficiente, higiene precaria y maltratos constantes, según la investigación.
“La administración Trump pagó millones de dólares a El Salvador para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales”, declaró Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
Los venezolanos fueron repatriados en julio como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, que incluyó la liberación de diez estadounidenses detenidos en Venezuela y de unos 80 presos políticos.
A través de su cuenta de X, Bukele confirmó el acuerdo y la salida de los detenidos:
“Hemos entregado a todos los ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Tal como se ofreció al régimen venezolano, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos y de todos los ciudadanos estadounidenses que tenía secuestrados.”
El mandatario salvadoreño calificó las negociaciones como “difíciles” y señaló que se trató de conversaciones con “un régimen tiránico que se negaba a liberar a sus rehenes”.
La investigación de HRW y Cristosal incluyó entrevistas con 40 venezolanos que estuvieron presos en el CECOT y con 150 personas adicionales, entre familiares y abogados.
Tres detenidos denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual; uno de ellos relató que cuatro guardias lo agredieron y lo obligaron a practicar sexo oral.
Las ONG solicitaron información oficial a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, pero no recibieron respuesta. HRW consideró que al ocultar el paradero de los detenidos, ambas administraciones incurrieron en desaparición forzada, según el derecho internacional.
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El informe concluye que la mitad de los venezolanos enviados al CECOT no tenían sentencia judicial y que solo el 3 % había sido condenado por delitos violentos en Estados Unidos. Además, al menos 62 de ellos fueron deportados mientras tramitaban solicitudes de asilo.
Con Información de LN.-




