Un grupo de periodistas e influencers venezolanos críticos del gobierno de Maduro fue denunciado ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, instigación al odio y asociación para delinquir, informó este miércoles el defensor de derechos humanos Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG Laboratorio de Paz.
La denuncia fue presentada formalmente en la Fiscalía General de la República por Andrés Ramón Giussepe Ávalo, Ronny Reyes y Sofanor José García Jiménez, según consta en el documento oficial recibido el 29 de octubre de 2023.
Entre los señalados figuran comunicadores y creadores de contenido con amplia presencia en redes sociales, entre ellos Wilmer Azuaje (TikTok), Norbey Marín, Carla Angola, “Kilómetro” (TikTok y YouTube), Jessica Vallenilla (YouTube), Emmanuel Rincón (YouTube e Instagram), Orlando Avendaño (Instagram y X), Miguel Ángel Rodríguez (YouTube), “Chicoplanta” (TikTok), José Pérez (TikTok), Nitu Pérez Osuna y “ELFAMA” (TikTok).
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De acuerdo con Uzcátegui, esta acción judicial forma parte de una estrategia de criminalización de la disidencia digital y busca abrir el camino hacia una legislación que permita sancionar el delito de “traición a la patria”, con medidas que incluso podrían incluir la revocación de la nacionalidad venezolana.
“El gobierno continúa preparando el terreno para aprobar una normativa que permita acciones contra el supuesto delito de traición a la patria, incluyendo el retiro de nacionalidad”, denunció el defensor de derechos humanos, quien advirtió que esta medida se enmarca en una política de persecución hacia voces críticas dentro y fuera del país.
Jurisprudencia internacional y libertad de expresión
Los denunciantes fundamentaron su acción penal en jurisprudencia internacional que establece que la libertad de expresión no es un derecho absoluto.
El documento presentado ante la Fiscalía sostiene que la denuncia no busca restringir el derecho a la comunicación, sino sancionar presuntos delitos que, según los firmantes, “traspasan los límites de la libre expresión al promover la violencia y el odio”.
“El llamado a una intervención militar extranjera y la promoción explícita de la muerte y el odio político no es periodismo ni opinión, sino un delito grave contra la integridad de la República”, afirmó Andrés Giussepe, uno de los denunciantes.
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Asimismo, agregó que el Derecho Internacional prohíbe la propaganda en favor de la guerra y el discurso de odio, por lo que solicitaron al Ministerio Público investigar y juzgar estos hechos sin limitación de fronteras.
Como parte de las pruebas, los ciudadanos consignaron enlaces y URL de videos y publicaciones de las cuentas denunciadas, solicitando que el Ministerio Público ordene experticias informáticas al CICPC y active la cooperación judicial internacional para la identificación y localización de los implicados.
Con Información de aporrea.org y monitoreamos.com.-
