Las dos organizaciones más destacadas del exilio venezolano en Estados Unidos hicieron un llamado urgente a un juez federal para que mantenga el Estatus de Protección Temporal (TPS) a más de 250 mil inmigrantes venezolanos, quienes perderían este amparo la próxima semana.
En una carta pública, Veppex y Amavex instaron al juez Edward M. Chen, del Distrito Norte de California, a fallar a favor de un grupo de venezolanos que demandó al gobierno del expresidente Donald Trump por supuestamente cancelar el TPS de manera ilegal.
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La demanda busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente Joe Biden: los beneficiarios de 2021, aproximadamente 250 mil personas, y los de la extensión de 2023, cerca de 350 mil.
La Casa Blanca anunció el miércoles el fin del TPS otorgado en 2021, que beneficiaba a unos 257 mil venezolanos, quienes perderán sus permisos de trabajo el 10 de septiembre. La administración argumentó que mantener este estatus «va en contra de los intereses» de Estados Unidos.
Impacto y relevancia del TPS
«Esta medida amenaza con deportar a miles de familias que huyeron de un país donde la represión sistemática contra disidentes, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura son prácticas de Estado», señalaron los exiliados en la misiva.
Los grupos advirtieron que los beneficiarios del TPS, residentes principalmente en Florida y Texas, «han demostrado ser esenciales para la economía de EE. UU.», con un 74 % de participación laboral y contribuciones significativas en sectores como la salud y la construcción.
En concreto, los exiliados solicitaron al magistrado que dicte una orden preliminar antes del 10 de septiembre para extender el amparo hasta la conclusión del litigio.
Además, Veppex y Amavex instaron al Congreso estadounidense a aprobar el proyecto de ley TPS Act 2025, presentado por la representante republicana María Elvira Salazar, que permitiría conservar el estatus de protección para los 600 mil venezolanos beneficiarios.
Se espera que el juez Chen emita una resolución en los próximos días, tras la reciente ratificación por parte del Tribunal del Noveno Circuito de Apelaciones de EE. UU. de su fallo inicial a favor de los 600 mil venezolanos, determinando que la decisión del gobierno Trump fue ilegal.
El fallo del Noveno Circuito reconoció que los venezolanos afectados por la cancelación del TPS enfrentan graves perjuicios, como pérdida de empleo, separación familiar, detención y deportación, según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes.
No obstante, la batalla legal continúa: la Casa Blanca llevó el caso a la Corte Suprema, que permitió poner fin a la extensión del TPS otorgado por Biden en 2023 hasta que se resuelva el litigio, dejando a alrededor de 350 mil venezolanos al borde de la deportación.
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Con Información de eldiario.com.-
