El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC, por sus siglas en inglés) modificó su Política de Seguridad del Deportista para prohibir la participación de mujeres transgénero en competencias femeninas. La decisión responde a la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en febrero de 2025, que restringe el reconocimiento de identidades de género diversas en el ámbito deportivo y gubernamental.
La modificación fue confirmada por el propio comité al diario The New York Times el pasado 22 de julio. En un comunicado, el USOPC afirmó que está «comprometido con la protección de oportunidades para los deportistas», y que seguirá trabajando con distintas partes interesadas para «garantizar un entorno de competencia justo y seguro para las mujeres», de acuerdo con la Orden Ejecutiva 14.201 y la Ley Olímpica y de Deportes Amateur Ted Stevens.
Aunque la política del USOPC no menciona expresamente a mujeres trans, la orden ejecutiva firmada por Trump —titulada Manteniendo a los hombres fuera de los deportes de mujeres— deja clara su intención: excluir a personas trans de las competencias deportivas femeninas.
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Una política más amplia contra los derechos trans
La prohibición deportiva se enmarca en un paquete de medidas impulsado por la administración Trump desde su regreso al poder. En enero de 2025, el presidente firmó un decreto que establece el reconocimiento legal exclusivo de dos sexos: masculino y femenino, eliminando así las protecciones implementadas bajo el mandato de Joe Biden en favor de las personas trans y no binarias.
Además, el gobierno ha ordenado a las agencias federales ajustar sus formularios y regulaciones para eliminar cualquier referencia a la “ideología de género”. También reinstauró la prohibición de que personas trans puedan formar parte del Ejército de EE. UU.
Rechazo de organizaciones de derechos humanos
La decisión ha sido duramente criticada por activistas y organizaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional advirtió que estas políticas fomentan “un clima de intolerancia y discriminación” hacia las personas LGBTIQ+ y “alientan la violencia” contra ellas.
Por su parte, la ONG Lambda Legal denunció que el gobierno busca “limitar las protecciones contra la discriminación y el abuso sexual”, negando la evidencia científica y dificultando aún más la vida de las personas intersex, no binarias y transgénero.
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Con Información de eldiario.com.-
