El gobierno de Santa Fe anunció este lunes la intervención de la Policía de Rosario, luego de que una investigación provincial destapara un millonario desvío de fondos destinados a la carga de combustible. El operativo incluyó 38 allanamientos realizados por la mañana. La medida fue confirmada por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, junto al fiscal José Luis Caterina —a cargo de la causa— y el jefe de fiscales de Rosario, Matías Merlo.
Las declaraciones se produjeron después de que la División de Asuntos Internos allanara el despacho del jefe de la Unidad Regional II, Daniel Acosta, y de otros altos mandos policiales, todos desplazados de sus cargos este mismo lunes. El comisario retirado Claudio Romano, reincorporado especialmente, asumirá como interventor por tres meses, con posibilidad de prórroga.
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Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de Santa Fe junto a Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Justicia y Seguridad
Según el fiscal Caterina, la investigación comenzó hace diez meses tras una denuncia anónima enviada por correo postal. “Detectamos una malversación de fondos muy considerable, estimada en unos 45 millones de pesos. Se trata, lisa y llanamente, de corrupción. Es robarle al Estado, hablando claro”, señaló. Además, explicó que al aumentar la cantidad de patrulleros, creció también la demanda de combustible, concentrándose gran parte de la carga en una estación de servicio cuyos propietarios ahora están bajo sospecha.
De los 20 detenidos, cuatro son civiles vinculados a las empresas proveedoras de combustible, mientras que entre los agentes arrestados no figuran ni Daniel Acosta ni el subjefe Mariano Gobi.
Por su parte, Cococcioni precisó que fueron apartados de sus funciones varios jefes de áreas clave: Logística, Habilitación, Secretaría Privada, Comando Radioeléctrico, Brigada de Orden Urbano, Caballería, Perros, Grupo Táctico Multipropósito, Infantería y Motorizada. Durante los allanamientos, se secuestraron teléfonos celulares, se inspeccionaron estaciones de servicio, viviendas particulares y hasta el domicilio de un abogado.
Las declaraciones de Cococcioni tuvieron lugar después de que la División de Asuntos Internos allanara el despacho del jefe de la Unidad Regional II
“Más allá de la magnitud económica, esto revela una red interna dentro de varias secciones policiales que buscaba lucrar con algo tan sensible como la seguridad pública”, subrayó Cococcioni. El fiscal Merlo agregó que se trató de “una organización dentro de la estructura policial que utilizó sus atribuciones para perjudicar al Estado mediante distintas maniobras de apropiación de fondos”.
Aún no hay fecha definida para la audiencia en la que Caterina formulará cargos formales contra los implicados.
En paralelo, se reportó otro grave incidente: un agente de la Policía de Santa Fe habría acudido armado a la casa de su expareja en la zona norte de Rosario y, bajo amenaza, la obligó a subir a su vehículo. La mujer logró escapar a las pocas cuadras y refugiarse en su domicilio. Si bien este episodio no está relacionado con la causa principal, refleja la delicada situación que atraviesa la fuerza policial en la provincia.
