Una fiscal boliviana informó este lunes que se presentó una «imputación formal» en contra del expresidente Evo Morales (2006-2019) por el «delito de trata de personas agravado» y se solicitó la alerta migratoria.
La fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez señaló que ayer lunes se presentó «Una imputación formal contra el señor Evo Morales Aima y la señora Idelsa Pozo Saavedra (madre de la presunta víctima) por el delito de trata de personas agravado» y que están a la espera de «que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares«.
Según la denuncia, Morales habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo un hijo, además, en el proceso se indica que los padres de la supuesta víctima se «lucraron» con ella al entregarla al expresidente a cambio de «favores».
La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado por el exmandatario durante su Presidencia, llamado ‘Generación Evo’.
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La fiscal afirmó también que se solicitó la alerta migratoria para Morales, así como para Pozo.
Una orden de aprehensión en contra de Morales ya había sido emitida el 16 de octubre y no ha podido ejecutarse por varias razones, como consta en «muchos informes» que ha recibido de la Policía en los cuales se reporta que no ha sido posible dar con su paradero.
«Uno de los informes señala que policías de inteligencia procedieron a buscar a Morales en (la población) de Villa 14 de Septiembre, en el Chapare, porque señaló el lugar (su) domicilio real, pero durante la diligencia se constató que no estaba ahí», explicó la fiscal.
Además, los policías informaron que trataron de buscar en otros domicilios, y luego de «labores de vigilancia», Morales «no se encontraba habitando esos lugares».
Cuando se emitió la orden de captura para Morales, sus seguidores realizaron fuertes bloqueos de carreteras por 24 días especialmente en el centro del país para defenderlo, una de las razones por las que la Policía no pudo ingresar al Chapare, bastión político y sindical del exmandatario, mencionó la fiscal.
Y otras de las razones por las que no se ejecutó la orden de aprehensión fue por proteger a los agentes de seguridad, debido a que durante el bloqueo de carreteras algunos de ellos fueron brutalmente golpeados y heridos.
«Pese a las gestiones realizadas en el marco del cumplimiento de la orden de aprehensión, la ejecución contra Evo Morales enfrenta riesgos técnicos y operativos significativos», concluye un informe de la Policía, leído por la fiscal.
«Acá no hay nada político, estamos resguardando los derechos de una persona que ha sido ultrajada, con el visto bueno de sus padres. Vamos a exponer todas estas situaciones (ante el juez)», precisó la fiscal.
Gutiérrez denunció el 3 de octubre el entonces fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, la apartó de su cargo y frenó una orden de captura contra Morales que ella había emitido.
Días después Gutiérrez fue restituida en la Fiscalía y Lanchipa renunció como fiscal general.
Desde octubre, Morales no ha salido del Chapare, y ha afirmado que se encuentra protegido en todo momento por al menos «500 personas».
Por otro lado, en Argentina se abrió un caso contra Morales por la «presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual«, durante su estadía en ese país en 2019 cuando fue acogido con el estatus de refugiado por el entonces presidente, Alberto Fernández (2019-2023).
