Cerca de 50 familias migrantes, la mayoría provenientes de Venezuela y Colombia, comenzaron a ser desalojadas este viernes de un edificio en Aurora, al este de Denver (Colorado-EE UU), por orden judicial.
El complejo de apartamentos Whispering Pines, de tres pisos y 48 unidades, ha sufrido un prolongado abandono por parte de sus propietarios, CBZ Management, lo que permitió «actividades criminales» de pandilleros, según la alcaldía.
En agosto, la ciudad de Aurora declaró el edificio «inhabitable» tras determinar que CBZ Management había incumplido desde 2020 numerosas ordenanzas de mantenimiento, lo que resultó en «pobres condiciones de vida».
Ese mes, CBZ Management afirmó que la banda transnacional el Tren de Aragua se había apoderado de los apartamentos, impidiendo la realización de reparaciones.
Sin embargo, el alcalde de Aurora, Mike Coffman, negó esa afirmación, aunque reconoció incidentes aislados de violencia, incluido un ataque en 2023 contra Zev Baumgarten, administrador del complejo, presuntamente perpetrado por Yoendry Vilchez Medina-Jose, cuyo juicio está programado para diciembre.
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Denuncian plazos arbitrarios para el desalojo de los migrantes
En octubre, una corte del condado Adams asumió el control del edificio y nombró a la empresa PMI Aspire como administradora. Según la Red de Acción Housekeys de Denver (HAND, en inglés), esa administradora inició esta semana los desalojos.
«PMI Aspire está imponiendo plazos arbitrarios, exigiendo que los inquilinos desocupen completamente las viviendas sin tener en cuenta adónde se mudarán. Esto deja a la mayoría de los residentes sin tiempo ni recursos suficientes para encontrar una alternativa«, expresó V Reeves, portavoz de HAND, en declaraciones enviadas a Efe.
Añadió que la empresa está coaccionando a los inquilinos para que firmen documentos renunciando a su derecho a futuras acciones legales a cambio de un cheque de 1.200 dólares.
El alquiler mensual de los apartamentos en Whispering Pines varía entre 1.300 y 2.800 dólares. El alquiler promedio en Aurora es de casi 1.800 dólares, por lo que Reeves calificó la oferta de PMI Aspire como una «falta de consideración».
Jon Marcantoni, del Movimiento Redress, organización de ayuda a migrantes, indicó que han iniciado gestiones con la concejala Allison Coombs, quien les informó que la policía de Aurora no participará en el desalojo, pues esa responsabilidad recae en la oficina del alguacil, y que analiza la legalidad.
«La falta de conocimiento de PMI Aspire y CBZ Management sobre el proceso de desalojo está poniendo en riesgo a todos los residentes de Aurora. Nuestras organizaciones buscan educar al público, pero también es responsabilidad de la ciudad de Aurora hacer cumplir las protecciones para los inquilinos de acuerdo con la ley», aseveró Marcantoni.
