La organización no gubernamental (ONG) Foro Penal reportó que hay un total de 1.963 presos políticos para el 8 de noviembre en Venezuela. De esta cifra, no son hombres que fueron arrestados en el contexto de las protestas poselectorales desde el 29 de julio.
La ONG publicó la actualización de los números en su cuenta de X y alertó que, de esta cifra, 1.801 son civiles y 162 son militares. La imagen del reporte también indica que 1.810 personas siguen esperando condena.
Foro penal indicó que la cifra de ciudadanos arrestados en Venezuela por motivos políticos desde el año 2014 hasta la fecha es de 17.952. Asimismo, de acuerdo con cifras de la organización, más de 9.000 personas aún están sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad.
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La organización denunció el 23 de agosto que Venezuela registraba la cifra más alta de presos políticos en la historia de Venezuela, “al menos en el siglo XXI”, con un total de 1.674 presos políticos.
Entre los detenidos hay dirigentes políticos, trabajadores de la prensa, militares, civiles, adolescentes, abogados y activistas o defensores de los derechos humanos.
Los abogados de la organización han denunciado que la mayoría de estos presos políticos son acusados por el delito de terrorismo, medida que también se le ha imputado a los adolescentes, los cuales, de acuerdo con Foro Penal, tienen entre 14 y 17 años de edad.
Denunciaron que adolescentes detenidos tras el 28J están siendo presionados para admitir hechos que no han cometido
La organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón (JEP Venezuela) alertó el viernes 27 de septiembre que los adolescentes detenidos en Valencia, estado Carabobo, en los días posteriores a las elecciones presidenciales del 28 de julio estarían siendo presionados para admitir hechos que “no han cometido”.
“Alertamos que cualquier declaración que se obtenga bajo coacción está viciada de toda nulidad. Es importante recordar que estos jóvenes no han tenido acceso a defensores de confianza que los representen en procesos judiciales que claramente han vulnerado el debido proceso”, escribió la ONG en X (Twitter).
JEP Venezuela también denunció que los detenidos han sido víctimas de “amenazas y hostigamiento” y “conmociones psicológicas” que los han llevado a desarrollar “episodios de estrés y ataques de pánico”.
La ONG señaló que la situación preocupa a sus familiares, por lo que exhortaron a las autoridades del sistema de justicia a evitar que se sigan cometiendo atropellos y vulneraciones a la dignidad de los adolescentes.
Exigieron respeto al derecho a la educación de los adolescentes detenidos en protestas poselectorales en Venezuela
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) emitió un comunicado el 6 de noviembre en el que expresó preocupación por los adolescentes y niños que fueron detenidos y que no pueden retomar sus actividades educativas.
Humberto Prado, director del OVP, explicó que los niños, niñas y adolescentes en prisión tienen derecho a la educación y es obligación del Estado venezolano hacer todo el esfuerzo posible por brindar esta atención a los privados de libertad.
“El deber del Estado es cumplir integralmente la atención al adolescente privado arbitrariamente de su libertad, en vista que todo está consagrado en normas nacionales e internacionales. Y además debe cumplir ese trato diferenciado de los adolescentes en este proceso totalmente arbitrario e ilegal”, dijo Prado.
Denuncias sobre violaciones de los derechos humanos
El Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado en reiteradas ocasiones que a los detenidos durante las protestas poselectorales no les realizaron chequeos médicos físicos y psicológicos.
También alertaron que las autoridades los mantienen aislados y no les permiten comunicación con sus familiares o abogados privados.
“Son muchos los familiares que han viajado a kilómetros de distancia, a pesar del costo económico que esto implica en un país azotado por la inflación, y en ninguno de los penales antes mencionados hay una lista de trasladados. No hay quien les dé información sobre el paradero de su familiar, ni cuándo serán los días de visitas y bajo qué condiciones será”, detalló la organización en sus redes sociales.
Asimismo, la ONG enfatizó su preocupación por el traslado irregular de los detenidos, debido a que los familiares no fueron debidamente notificados y se enteraron de la reubicación cuando les llevaron comida al centro penitenciario.
