El gobierno de Javier Milei terminó de liberar este jueves los precios de los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión paga por cable o satélite. A través de la Resolución 13/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) derogó una serie de normativas a través de las cuales la anterior gestión intentó ponerle tope a los valores, aunque sin mucho éxito por las cautelares que consiguió el sector en la Justicia.
Las resoluciones eran las autorizaciones de aumentos habilitadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 690, que firmó Alberto Fernández en agosto de 2020. En la práctica, ya las había derogado este Gobierno.
En el marco de la pandemia de Covid–19 y la cuarentena que derivó en el teletrabajo y clases a distancia a nivel nacional, la gestión de Fernández declaró como servicios públicos esenciales a los servicios TIC y se arrogó la potestad de fijar los aumentos tarifarios mediante el Enacom.
“Como consecuencia del dictado del DNU N° 302/2024, que deroga el DNU N° 690/2020, corresponde que las normas dictadas en su consecuencia sigan su misma suerte atenta su conexidad y su carácter reglamentario de una norma que ha perdido vigencia”, consideró el Gobierno, y resolvió así derogar varias resoluciones.
El texto lleva la firma de las autoridades del Enacom: la interventora adjunta, Patricia Zulema Roldán; el interventor adjunto, Alejandro Fabio Pereyra; y el interventor, Juan Martín Ozores.
“La derogación de la Resolución 1466/20 ofrece varios beneficios para el sector de las Telecomunicaciones en el marco de un proceso de desregulación. Al permitir a las empresas establecer precios libremente, se crea una mayor flexibilidad para ajustar precios en respuesta a las condiciones del mercado y sus costos operativos, fomentando un entorno más dinámico y competitivo”, dijeron fuentes del Enacom.
Consideraron que “esta libertad de precios también puede incentivar la inversión en mejoras de infraestructura y expansión de servicios, ya que los mayores ingresos obtenidos pueden ser reinvertidos en el desarrollo y modernización de las redes y tecnologías”. “En conjunto, estas medidas pueden impulsar la innovación y la calidad de los servicios ofrecidos, beneficiando a largo plazo tanto a las empresas del sector como a los consumidores mediante una mayor variedad y calidad de opciones disponibles”, cerraron.
Según el especialista Enrique Carrier, al haberse derogado el DNU 690 y también anularse por decisión judicial, toda norma relativa quedaba sin sentido. Cabe mencionar que hace ocho días Telecom le informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la Cámara Contencioso Administrativo Federal Sala II confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad del decreto 690/2020 y de las resoluciones Enacom Nros. 1466/2020 y 1467/2020.
Es decir, que la decisión de la Cámara le dio más firmeza a la derogación del DNU 690, que también fue por DNU y que, técnicamente, podía ser cuestionado en el Congreso.
No solo Telecom accionó contra el 690, sino que también hubo planteos de Telefónica, DirecTV, Telecentro y la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) que exceptuaron a una gran parte de la industria de las autorizaciones de aumentos del Ejecutivo que siempre iban detrás de la inflación.
“A los pocos meses de que saliera el DNU 690 empezaron a salir cautelares de empresas y, en nuestro caso, el juez la puso como colectiva es decir que no solo los asociados directos sino también los indirectos como cámaras del interior estaban protegidos. Lo que hubo ahora es un ordenamiento administrativo porque este año derogaron el DNU y quedaron colgando todas las resoluciones basadas en él que había que limpiar también. Pero esto no cambia nada para el abonado”, dijo Walter Burzaco, presidente de ATVC.
Las más perjudicadas por los topes establecidos por el gobierno de Fernández fueron, en general, las cooperativas sin estructura para recurrir a la justicia por la intervención estatal.
Más allá de esto, el presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), Ariel Graizer, dijo que los precios -que llegaron a estar un 60% retrasados frente a la inflación- se fueron normalizando en los últimos meses, aunque con otro techo dado por la macroeconomía.
“Hoy, si llamás, te dan descuento porque nadie quiere perder clientes. El costo de retirar los equipos es tan alto que hay cooperativas que directamente le preguntan al cliente cuánto puede pagar y lo aguantan dos o tres meses”, afirmó ayer en la presentación del Internet Index que elabora la Cámara.
Según la última edición- que recopila información de los asociados e hizo una encuesta a nivel nacional a usuarios de entre 16 y 65 años-, el 67,5% de los hogares tomó alguna medida paliativa para reducir el costo de su servicio de internet fijo frente a la complejidad del contexto económico. En el mismo sentido, 65,3% de los hogares lo hizo buscando reducir el costo de su servicio de TV paga.
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LA NACION.-
