Chile reafirmó ayer la teoría de un móvil político detrás del brutal asesinato de un exmilitar venezolano, en Santiago, y anunció que exigirá a Venezuela que colabore en la investigación y extradite a los dos sospechosos.
El anuncio del gobierno, que busca esclarecer el secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda, asoma con abrir llegado el caso otro frente de conflicto en la región, luego del asalto de uniformados ecuatorianos a la embajada mexicana en Quito que suscitó la ruptura de relaciones de parte de México.
“Demandamos la colaboración del gobierno venezolano en el esfuerzo para esclarecer esta investigación”, dijo el presidente chileno, Gabriel Boric, durante un enérgico discurso en Santiago.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, había respaldado previamente la hipótesis de la fiscalía, que descartó que el militar disidente Ojeda, sacado a la fuerza de su hogar en Santiago a fines de febrero, fuera víctima de un secuestro extorsivo.
“Aquí el crimen organizado está metido, fueron los hechores. El tema es cuál fue el móvil que tuvieron”, dijo Tohá. “La hipótesis más plausible es que haya habido algún móvil político”, añadió.
Tohá señaló que dos personas supuestamente involucradas en el crimen, que se fugaron a Venezuela, son las que tienen la “clave” del caso y que “son las que recibieron el encargo para hacer este secuestro”. También explicó que la decisión de anteayer de Boric de llamar a consultas al embajador chileno en Caracas, hasta ahora sin detalles, estaba vinculada al caso.
El fiscal Héctor Barros, que coordina el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios de Santiago, había anunciado anteanoche en un programa de televisión que “se solicitó el secuestro y posterior homicidio del señor Ojeda desde Venezuela”.
Barros completó ayer que la organización que estuvo a cargo del crimen fue la banda criminal Tren de Aragua, un grupo que nació en una cárcel del centro de Venezuela y se extendió a varios países de la región actuando en secuestros, extorsiones, narcotráfico y tráfico de personas, entre otros delitos graves.
“Estamos hablando de una víctima que ha participado en acciones en contra del gobierno venezolano, y en segundo lugar ha estado detenido nueve meses en Venezuela, se escapó y tiene asilo político en Chile. En atención al perfil que él tiene, no hay otra línea investigativa”, afirmó en alusión a la persecución política a Ojeda de parte del chavismo.
La madrugada del 21 de febrero, el exteniente de 32 años de edad fue sacado en ropa interior de su casa por hombres vestidos como policías civiles chilenos, según revelaron las cámaras de seguridad. Se supo luego que los supuestos agentes tenían marcado acento venezolano.
Su cuerpo apareció el 2 de marzo dentro de una maleta, en un barrio periférico, enterrado bajo una estructura de cemento a más de un metro de profundidad. Hasta ahora solo hay un detenido por el caso, un menor de edad venezolano que está en Chile de manera irregular.
El secuestro fue distinto a la forma habitual de operar de la banda, dijo el fiscal, porque nunca se pidió rescate y la víctima fue asesinada pocas horas después de la captura.
Cuerpos tirados
“El Tren de Aragua siempre ha dejado los cuerpos tirados en distintos lugares” y en este caso “se tomaron el trabajo de enterrarlo a 1,40 metros de profundidad, meterlo en el interior de una maleta después que estaba fallecido, ponerle un saco de cal y posteriormente poner una capa de cemento” encima, detalló.
La fiscalía formuló un requerimiento a Venezuela para que colabore con la detención de dos ciudadanos venezolanos sospechosos del crimen y que están en ese país.
La ministra del Interior señaló por su parte que la solicitud de la fiscalía será respaldada por el gobierno “a través de gestiones diplomáticas, contactos con las autoridades y también participación con una voz muy clara y firme en los foros internacionales demandando la colaboración del gobierno venezolano”.
Tohá dijo que si bien la Constitución venezolana no contempla la extradición de sus ciudadanos, existe un tratado de extradición vigente entre los dos países. También descartó por el momento la posibilidad de romper relaciones diplomáticas, como solicitó una parte de la oposición. Chile busca “que se haga justicia” y se encuentre la verdad, señaló. Y dijo que este caso también es importante para Venezuela, porque “los ojos van a estar puestos sobre su comportamiento”.
La oposición solicitó romper relaciones en una semana de alta tensión luego de que el canciller venezolano, Yvan Gill, dijera que el Tren de Aragua era una “ficción creada por la mediática internacional”. Los dichos fueron rebatidos por las autoridades chilenas, que las consideraron “un insulto” para las víctimas de la organización criminal.
El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo por su parte en la red social X que había recibido una petición de Chile con datos personales de cinco personas vinculadas al caso de Ojeda y que “está procediendo a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen”.
En un reporte difundido en enero por el Ministerio de Defensa venezolano, Ojeda figura en una lista sobre “degradación y expulsión de profesionales militares de la FANB”, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
LN.-
