El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, la creación, por parte del Gobierno Nacional, de un Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, el cual funcionaría como un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados y podría llegar a beneficiar a más de dos millones de venezolanos.
El anuncio fue hecho en el marco de una reunión adelantada entre el primer mandatario de los colombianos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; Filippo Grandi, en la cual se destacó el compromiso del Gobierno Nacional con la protección de los derechos humanos y la búsqueda de nuevos mecanismos de flexibilización migratoria, los cuales permitan la integración de la población migrante venezolana a la vida productiva del país, a partir de su regularización.
El nuevo Estatuto Temporal de Protección, tendría una vigencia de diez (10) años y permitiría, básicamente, el tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario. Es decir, que los migrantes venezolanos que se acojan a este beneficio, podrían estar de manera regular en Colombia por un periodo de 10 años, tiempo después del cual deberán adquirir una visa de residente si desean permanecer en el país.
La implementación de este estatuto estaría a cargo de Migración Colombia y se realizaría en dos etapas.
La primera de ellas, que se realizaría de manera virtual, consistiría en la inscripción de los extranjeros en el Registro único de Migrantes Venezolanos, un mecanismo que le permitirá al Gobierno Nacional caracterizar e identificar a la población venezolana radicada en Colombia, con el fin de poder generar políticas públicas basadas en la realidad migratoria del país.
La segunda fase, que se haría de manera presencial, tiene que ver con la expedición de un Permiso de Protección Personal, el cual sería un documento de regularización e identificación para los ciudadanos venezolanos que hacen parte de este Estatuto.
El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es una estrategia del actual Gobierno, que busca desincentivar la migración irregular y establecer soluciones que trasciendan en el tiempo, basadas en el comportamiento del fenómeno migratorio y la protección de los derechos humanos de la población migrante que se encuentra actualmente en condición de vulnerabilidad.
De acuerdo con Migración Colombia, para el 31 de diciembre de 2020, dentro del territorio nacional se encontrarían más de un millón 729 mil migrantes venezolanos, equivalente a un poco más del 34% del total de venezolanos que, de acuerdo con las cifras que Organización de las Naciones Unidas, han salido de su país y de este total, cerca del 56%, un poco más de 966 mil estarían en condición irregular.
Se estima que el Estatuto Temporal de Protección podría beneficiar a más de dos millones de venezolanos que se han visto obligados a salir de su país, dada la crisis económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela.
De acuerdo con proyecciones de agencias internacionales como ACNUR y OIM, si la crisis en Venezuela continúa, posiblemente sean 6.2 millones de venezolanos los que habrán salido del país para finales de 2021.
Vale la pena recordar que Venezuela cerró el 2020 con una inflación superior al 3.700%. El salario mínimo, que no supera los 10 dólares, no alcanza para cubrir ni el 1% de la canasta familiar de los venezolanos y los niveles de pobreza en este país, sobrepasan el 90%.
En materia de salud, de acuerdo con Human Rights Watch, los datos existentes señalan un panorama complejo de brotes de enfermedades como sarampión y difteria, un drástico aumento en los casos de malaria y tuberculosis, y la falta casi total de tratamiento antirretroviral para personas con VIH.
En Venezuela la mortalidad materna aumentó un 65 %, mientras que la mortalidad infantil creció un 30 % en apenas un año. El 80 % de los hogares venezolanos están en situación de inseguridad alimentaria y los venezolanos han perdido un promedio de 11 kilos de peso.
Cifras que ratifican la necesidad de los venezolanos a migrar, no como consecuencia de la implementación de nuevas políticas por parte de los países receptores, sino de las políticas expulsoras que actualmente existen en Venezuela.
