El asesinato la noche del miércoles de un tercer carabinero en los últimos 23 días, ultimado a sangre fría por dos venezolanos, generó conmoción en Chile, y llevó a que diputados opositores exigieran la renuncia del director de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.
En pleno centro de la capital, Santiago, el cabo Daniel Palma, de 33 años, fue asesinado de dos disparos en la cara mientras realizaba un control. El homicidio convulsionó al país, que sufre un aumento de delitos con armas de fuego y un deterioro de la seguridad pública.
Los parlamentarios recordaron la intervención de Thayer el lunes pasado ante la Comisión de Gobierno de la Cámara baja, en la que afirmó que “la estadía ilegal en el país [de migrantes] no constituye por sí misma un riesgo para la seguridad interior”.
Los diputados Renzo Trisotti, de la derechista Unión demócrata Independiente (UDI), y Eric Aedo, jefe de la bancada demócrata cristiana, radical y liberal, apuntaron contra Thayer por sus dichos “irresponsables”.
Según los legisladores, no se condice con lo sucedido en el asesinato del cabo Palma y la postura del fiscal nacional, Ángel Valencia, que instruyó a los fiscales solicitar prisión preventiva en contra de detenidos extranjeros que no cuenten con su cédula de identidad.
“No se sostiene la permanencia de Thayer, quien está más preocupado de dar garantías a la inmigración ilegal indocumentada y que es partícipe de crímenes en el país y no se preocupa de la seguridad interior, la de los chilenos y carabineros. Exijo su renuncia porque no es apto para el cargo”, afirmó Aedo al diario El Mercurio.
Trisotti, a su vez, señaló que el director de Migraciones “debería ser considerado culpable por omisión del homicidio del cabo primero Daniel Palma a manos de delincuentes extranjeros indocumentados en nuestro país”.
El homicidio de Palma, el tercero de un carabinero en los últimos 23 días, también llevó al gobierno de Gabriel Boric a acelerar medidas para enfrentar el aumento de los delitos violentos en el país. En 2022, los homicidios crecieron 33,4%.
“El crimen y la delincuencia tienen en claro que su principal adversario es un Chile unido, por eso es que están tratando constantemente de dividirnos, no caigamos en ese juego”, dijo Boric anteayer en un mensaje a la nación acompañado por sus ministros, todos vestidos de luto.
El funeral del policía hizo unir a la mayoría de quienes fueron presidentes desde que Chile recuperó la democracia, en 1990. Boric y los exmandatarios Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) y Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) asistieron juntos a la misa.
El tercer asesinato del policía coincidió con la promulgación por parte de Boric de una ley que otorga más poder a los agentes y que generó gran controversia. Motivó también el adelanto de un plan para erradicar la violencia de las calles y el anuncio de una inversión adicional en seguridad de 1500 millones de dólares anuales.
Durante la tarde del jueves, un centenar de personas protestó en la simbólica Plaza Italia de Santiago para exigir al gobierno de Boric mayores medidas de seguridad y respaldar la labor policial.
Edgardo Mimiza, ingeniero civil, de 68 años, pidió que el cuerpo de Carabineros “se pueda defender usando sus armas de servicio”.
”El gatillo fácil, como dice en el gobierno, está para los delincuentes y para la gente que realmente trabaja detrás de un uniforme no hay ningún respaldo”, se quejó Isabel Jorquera, una administradora de 45 años.
Medidas
En ese contexto y tras una reunión de emergencia, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló hoy los próximos pasos para enfrentar la crisis de seguridad, informó El Mercurio.
“La tarea del gobierno, de las policías y todas las instituciones del Estado es que vamos a sacar al país de la crisis de seguridad en la que hoy se encuentra”, señaló Monsalve. “Chile tiene que tener instituciones lo suficientemente fuertes para garantizar la seguridad. La seguridad es una política del Estado que tiene que llevarse adelante”, agregó.
En esa línea, sostuvo que durante la reunión se abordaron tres tareas específicas: “La primera es poder concordar las medidas para mejorar la seguridad de los funcionarios de las policías cuando concurren a tareas policiales”, dijo.
Sobre los procedimientos policiales, es decir, los patrullajes, deberán contar con tres funcionarios y no con dos, como es ahora. “Además, lograr como estándar universal para Carabineros y PDI que los vehículos tengan puertas blindadas”, indicó Monsalve.
Lo segundo tiene que ver con “cerrar las brechas relacionadas a recursos humanos de ambas policías”, continuó. “Ya llevamos trabajando dos meses y tenemos una propuesta para superar los nudos críticos en el personal”, dijo Monsalve, que contó que se trataría el asunto en un proyecto de ley.
“También hemos avanzado en poder cumplir en desarrollar un plan de intervención de 30 comunas que concentran el 50% de los delitos mas violentos del país”, cerró.
La Nación.-
