La justicia de España avanza en el proceso de extradición solicitado por tribunales de Argentina contra Ephraín Enrique Verdú Torrelles, excoronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en un caso que representa un paso importante para víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
El exmilitar, que reside actualmente en territorio español, es solicitado por autoridades judiciales argentinas por su presunta responsabilidad en un asesinato considerado crimen de lesa humanidad.
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La acción judicial, respaldada por la organización de derechos humanos InterJust, se enmarca dentro del principio de jurisdicción universal y busca impulsar investigaciones relacionadas con la represión ejercida durante las protestas ciudadanas registradas en Venezuela en 2014.
Las víctimas que dieron origen al proceso
La causa penal internacional fue abierta en junio de 2023, después de una denuncia presentada por el equipo jurídico de InterJust ante un tribunal federal argentino contra 14 integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana.
Entre los casos incluidos en el expediente figura el de Geraldin Moreno Orozco, estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años, asesinada en febrero de 2014 en el estado Carabobo luego de recibir disparos de perdigones a corta distancia por parte de funcionarios de la GNB mientras participaba en una manifestación pacífica.
“Llevo más de 12 años luchando para que la muerte de Geraldin no quede impune”, expresó su madre, Rosa Orozco. “Cada avance legal como este también representa un reconocimiento a su vida, a sus sueños y al derecho de las víctimas venezolanas a obtener justicia”.
Del expediente en Buenos Aires a la revisión en Madrid
La causa contra Verdú Torrelles tomó impulso este año gracias al seguimiento realizado por organizaciones civiles.
En febrero de 2026, InterJust informó haber localizado al exfuncionario en España y notificó el hallazgo a la justicia argentina. A partir de esa información, el juez federal que lleva el caso emitió la solicitud de extradición.
Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina envió formalmente el requerimiento a las autoridades españolas.
En marzo de 2026, el Consejo de Ministros de España evaluó la petición y autorizó que el procedimiento continuara en la vía judicial.
Actualmente, el caso permanece bajo análisis de la Audiencia Nacional de España, específicamente en el Juzgado de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 2, instancia que deberá decidir si se cumplen las condiciones legales para autorizar la entrega del acusado.
Los antecedentes señalados por Naciones Unidas
El nombre de Ephraín Enrique Verdú Torrelles ya había aparecido en investigaciones internacionales vinculadas a derechos humanos.
En su informe de 2025 sobre abusos atribuidos a la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU lo menciona de forma reiterada dentro de la estructura represiva desplegada en el estado Carabobo.
El documento lo vincula directamente con el Destacamento de Seguridad Urbana (DESUR) a través de dos expedientes relevantes.
Caso Juan Manuel Carrasco (Carabobo, 2014)
Durante las protestas de ese año, Verdú Torrelles ocupaba el cargo de segundo al mando del DESUR en Carabobo. Según el informe, esa sede operó como un centro de detención en el que manifestantes fueron sometidos a malos tratos, torturas y violencia sexual.
La investigación de Naciones Unidas señala que el entonces mayor incurrió en omisiones deliberadas al no firmar actas de detención, mientras otros funcionarios bajo su mando tampoco registraron lesiones visibles de algunas víctimas.
El informe añade como elemento institucional que la Fiscalía Sexta de Carabobo, encargada entonces de iniciar las investigaciones, tenía como fiscal auxiliar a Anahí Vargas, identificada por la ONU como esposa de Verdú Torrelles.
Por estos hechos, la misión evaluó su actuación bajo criterios de complicidad por contribución a torturas y tratos crueles, de acuerdo con el Estatuto de Roma.
Caso Marvinia Jiménez (Carabobo, 2017)
Para mayo de 2017, Verdú Torrelles ya tenía el rango de coronel y encabezaba el Destacamento de Seguridad Urbana y Orden Público número 410, en Valencia.
El informe detalla que la defensa de Marvinia Jiménez solicitó ampliar la investigación hacia la cadena de mando militar y lo señaló por su presunta responsabilidad jerárquica en la agresión ocurrida el 24 de mayo de ese año.
Ese ataque dejó a la víctima con fracturas graves en ambas piernas.
Un proceso observado por las víctimas
Aunque Naciones Unidas aclara que no existen elementos que lo identifiquen como autor material directo de agresiones individuales, considera que su papel dentro de la estructura de mando y las presuntas omisiones en documentación oficial lo ubican dentro del esquema institucional de impunidad de la Guardia Nacional Bolivariana.
Ignacio Jovtis, director para América Latina de InterJust, destacó la relevancia del proceso judicial entre Argentina y España.
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“Para las víctimas venezolanas, esta representa la primera oportunidad real de ver ante la justicia a un presunto responsable de los delitos cometidos contra ellas. Sería un paso decisivo tras años de impunidad y un recordatorio de que no debe existir refugio seguro para quienes sean señalados por crímenes internacionales”, afirmó.
Mientras tanto, organizaciones civiles y agrupaciones de víctimas permanecen pendientes de la decisión que adopte la justicia española, a la espera de que el proceso continúe y pueda dar respuesta a más de una década de denuncias y exigencias de justicia.
Con Información de ElNacional.-
