El gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz intenta encontrar una salida a la crisis social que mantiene prácticamente paralizada a La Paz desde hace dos semanas. Las protestas, lideradas por sectores sindicales, campesinos e indígenas, comenzaron con exigencias de aumentos salariales, pero rápidamente evolucionaron hasta convertirse en pedidos de renuncia contra el mandatario, quien asumió el poder hace apenas seis meses tras poner fin a dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Las manifestaciones han bloqueado las principales carreteras nacionales que conectan con la sede del gobierno boliviano. Actualmente existen al menos 15 puntos de bloqueo en La Paz y sus alrededores, lo que ha generado fuertes problemas de abastecimiento.
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La situación provocó escasez de alimentos, combustibles e insumos médicos, además de un aumento considerable de precios. Medios locales también denunciaron falta de oxígeno en hospitales, agravando aún más la emergencia humanitaria.
El analista boliviano Raúl Peñaranda, director del medio Brújula Digital, señaló que el desabastecimiento de productos básicos ya es evidente y que la tensión social continúa creciendo.
En medio del conflicto, autoridades del gobierno iniciaron conversaciones con representantes de organizaciones sociales de La Paz y de la ciudad vecina de El Alto para intentar disminuir la conflictividad. Durante el fin de semana se realizaron varias reuniones con el objetivo de acordar un “plan de trabajo” que permita desbloquear las vías y frenar las protestas.
Las movilizaciones están encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la organización sindical más importante del país. Inicialmente, las demandas se enfocaban en un aumento salarial del 20%, pero con el paso de los días las protestas se radicalizaron y comenzaron a exigir directamente la salida de Rodrigo Paz.
Posteriormente se sumaron maestros rurales y urbanos, además de cooperativas mineras informales, aunque estos últimos lograron alcanzar acuerdos parciales con el Ejecutivo.
La tensión escaló el sábado cuando efectivos policiales y militares intentaron despejar algunas rutas bloqueadas para permitir el ingreso de combustible, medicamentos y oxígeno hacia La Paz mediante un denominado “corredor humanitario”.
Los manifestantes respondieron lanzando piedras y utilizando cargas de dinamita, mientras las fuerzas de seguridad reprimían las protestas. Finalmente, el gobierno decidió suspender la operación para evitar un posible derramamiento de sangre. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales.
Aunque el expresidente Evo Morales no participa directamente en las protestas, el conflicto también ha generado beneficios políticos para su sector. Morales permanece refugiado en el Chapare para evitar una orden de captura relacionada con un caso judicial por presunta corrupción de menores.
Seguidores del exmandatario aprovecharon el clima de tensión para bloquear desde el sábado el aeropuerto de Chimoré, en Cochabamba, utilizando piedras y troncos para impedir cualquier operativo policial dirigido contra su líder.
Además, una marcha de simpatizantes de Morales llegó el domingo a las cercanías de La Paz tras caminar durante seis días para unirse a las movilizaciones.
Las protestas representan el mayor desafío político para Rodrigo Paz desde que llegó al poder y ponen en riesgo la estabilidad de un gobierno que rompió con la hegemonía de la izquierda boliviana después de 20 años.
Sin embargo, analistas consideran que aún no existe un riesgo inmediato para la continuidad del gobierno. Peñaranda explicó que el mandatario todavía conserva una base importante de apoyo, aunque advirtió que la crisis podría debilitar seriamente su capacidad para avanzar en sus reformas económicas y atraer inversiones extranjeras, especialmente en sectores estratégicos como minería y gas.
La crisis boliviana también generó repercusiones internacionales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que Bolivia atraviesa una “insurrección popular” y ofreció actuar como mediador si el gobierno boliviano lo solicita.
Por su parte, Argentina envió dos aviones Hércules con ayuda humanitaria para colaborar ante la emergencia.
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Mientras tanto, desde Washington, la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del gobierno de Donald Trump denunció intentos de desestabilización contra el gobierno boliviano y expresó su respaldo a Rodrigo Paz, asegurando que los bloqueos y disturbios han provocado una grave crisis humanitaria marcada por la falta de alimentos, combustible y medicamentos.
Con Información de TN.-
