El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes sanciones contra diez personas y entidades con sede en Venezuela e Irán, con el objetivo de frenar la proliferación de armas letales y vehículos aéreos no tripulados (UAV) entre ambos países.
Entre las medidas se incluye la designación de una empresa venezolana involucrada en la adquisición y ensamblaje de drones iraníes en territorio nacional. Según las autoridades estadounidenses, estas acciones buscan limitar el avance de programas militares que representan una amenaza para la seguridad regional e internacional.
ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP PARA ESTAR INFORMADO
“El Tesoro exige responsabilidades a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente proliferación de armas letales en todo el mundo”, afirmó John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Seguiremos actuando con rapidez para impedir que quienes facilitan el acceso del complejo militar-industrial iraní al sistema financiero estadounidense”, agregó.
Las sanciones se enmarcan en las designaciones de no proliferación emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en octubre y noviembre, en apoyo a la reimposición de sanciones y restricciones de la ONU contra Irán, vigentes desde el 27 de septiembre.
Riesgos para la seguridad internacional
Según el Departamento del Tesoro, los programas iraníes de drones y misiles representan una amenaza directa para el personal estadounidense y sus aliados en Medio Oriente, además de poner en riesgo la seguridad de la navegación comercial en el mar Rojo. Asimismo, advirtió que la provisión de armamento iraní a Venezuela constituye un factor de inestabilidad para el hemisferio occidental, incluido el territorio estadounidense.
Las sanciones buscan bloquear el acceso de las entidades involucradas al sistema financiero de Estados Unidos y limitar su capacidad de operar a nivel internacional.
Quiénes fueron sancionados
Entre los sancionados figura la Empresa Aeronáutica Nacional (Eansa), filial de Conviasa, y su presidente, José Jesús Urdaneta González. De acuerdo con el Tesoro, Eansa participó en la adquisición, ensamblaje y mantenimiento de drones iraníes, especialmente de la serie Mohajer, desarrollados por Qods Aviation Industries (QAI) y conocidos en Venezuela como UAV de la serie ANSU.
Desde 2006, Irán y Venezuela coordinan la entrega de estos drones, incluidos los modelos Mohajer-2 y Mohajer-6, este último con capacidad de inteligencia, vigilancia, reconocimiento y ataque mediante bombas guiadas aire-tierra. Eansa habría supervisado su ensamblaje y negociado su comercialización, fortaleciendo así el arsenal aéreo venezolano.
Según la OFAC, Urdaneta coordinó directamente con representantes militares de Venezuela e Irán la producción local de estos sistemas, brindando apoyo material y tecnológico al programa militar iraní.
Además, fueron sancionadas tres personas radicadas en Irán vinculadas a Parchin Chemical Industries (PCI), empresa involucrada en la adquisición de insumos químicos utilizados en misiles balísticos, como perclorato de sodio, ácido sebácico y nitrocelulosa.
Entre los señalados se encuentra Mostafa Rostami Sani, acusado de actuar como intermediario en la compra y transferencia de estos materiales. También fueron incluidas empresas como Pardisan Rezvan Shargh International.
Asimismo, la OFAC sancionó al conglomerado tecnológico iraní Rayan Fan Kav Andish Co (Rayan Fan Group), propietario de Rayan Roshd Afzar Company, dedicada a la producción de componentes para drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y software para programas aeroespaciales. La medida también alcanza a Fanavari Electro Moj Mobin Company (Fanavari) y Kavoshgaran Asman Moj Ghadir Company (KAMG), junto con sus principales directivos.
Alcance de las sanciones
Como resultado de estas medidas, todos los bienes e intereses de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier empresa que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 % o más de los sancionados también queda alcanzada por las restricciones.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM PARA ESTAR INFORMADO
Las sanciones prohíben a ciudadanos y entidades estadounidenses realizar transacciones con los involucrados, y el incumplimiento puede derivar en sanciones civiles o penales. Asimismo, instituciones financieras extranjeras que realicen operaciones significativas con los sancionados podrían enfrentar sanciones secundarias, incluida la restricción de acceso al sistema financiero estadounidense.
Con Información de ElNacional.-
