Al cumplirse un año de la detención ilegal del ciudadano argentino Nahuel Gallo en Venezuela, el Gobierno argentino emitió un comunicado en el que expresó su enérgico rechazo a la situación y volvió a exigir su liberación inmediata, al considerar que el caso constituye una violación grave del derecho internacional y de los derechos humanos.
Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, permanece detenido sin garantías judiciales, sin acceso a su familia y sin información transparente sobre su estado, lo que —según la Cancillería argentina— configura una detención arbitraria, acompañada de elementos propios de una desaparición forzada.
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“El gendarme argentino se encuentra desde hace un año en una situación inaceptable”, afirmó el Gobierno, que calificó el accionar de las autoridades venezolanas como una “flagrante violación del derecho internacional”.
Reclamos en organismos internacionales
La Argentina sostuvo que ha elevado el caso a múltiples instancias internacionales para denunciar la responsabilidad del Estado venezolano y solicitar medidas urgentes para la protección de Gallo.
Entre los organismos a los que acudió figuran:
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se solicitaron medidas cautelares.
- Corte Penal Internacional (CPI), ante la que se denunció la detención arbitraria y la presunta desaparición forzada.
- Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desde donde se reclamó por la violación de los derechos fundamentales del ciudadano argentino.
Según informó el Gobierno argentino, también se realizaron gestiones diplomáticas bilaterales y multilaterales con el objetivo de obtener una resolución al caso.
Acompañamiento y reclamo sostenido
La Cancillería reafirmó que continuará acompañando a la familia de Nahuel Gallo “en esta aciaga circunstancia” y que no cesará en sus esfuerzos diplomáticos hasta lograr la liberación del gendarme y su retorno seguro a la Argentina.
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La situación de Gallo se ha convertido en uno de los puntos más sensibles de la agenda bilateral entre Buenos Aires y Caracas, en medio de crecientes cuestionamientos internacionales al manejo de derechos humanos por parte del gobierno venezolano.
