El Gobierno de Javier Milei eliminó las restricciones que regían desde hace más de tres décadas sobre los aranceles de los colegios privados. A partir de ahora, las instituciones educativas podrán fijar libremente los valores de matrículas y cuotas, sin necesidad de informar previamente al Estado ni obtener su aprobación.
La medida fue oficializada este martes a través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial, que deroga el Decreto 2417/1993, norma que establecía un estricto control estatal sobre los aranceles educativos.
Hasta ahora, los colegios debían comunicar a las familias los montos de matrículas y cuotas antes del cierre del ciclo lectivo anterior, detallando los plazos de pago, recargos y condiciones, procedimiento que debía completarse antes del 31 de octubre de cada año (plazo que el Ejecutivo había extendido recientemente al 15 de noviembre). Además, las instituciones estaban obligadas a alcanzar un acuerdo con los padres o tutores sobre los nuevos valores; en caso de no haber consenso, los aranceles quedaban congelados.
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Los colegios privados podrán aumentar las cuotas y matrículas sin tener que pedir autorización al Gobierno by Santiago Fuertes
Según el Gobierno Argentino, el decreto derogado “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos privados a las realidades educativas y económicas del país”. El texto oficial argumenta que la norma de 1993 fue dictada “en un contexto normativo distinto, cuando la administración de la educación dependía del gobierno nacional y no de las provincias”.
El Poder Ejecutivo señaló que, tras el traspaso de competencias educativas a las jurisdicciones provinciales, resultaba necesario revisar el esquema anterior y adecuarlo al sistema actual de distribución de funciones. También destacó que la estructura de costos del sector ha cambiado significativamente, lo que demanda un marco más flexible.
El documento oficial sostiene que la intervención estatal en la regulación de precios generó efectos negativos, ya que al exigir la presentación anticipada de las cuotas y matrículas “se limitaba la capacidad de los establecimientos para adaptarse a las fluctuaciones del mercado”. Esto llevó a que muchas instituciones fijaran valores más altos como medida preventiva, ante el riesgo de no poder cubrir luego los costos sin autorización estatal.
Desde la administración de Milei afirmaron además que ese esquema “terminaba perjudicando a las familias”, quienes debían enfrentar cuotas más elevadas al inicio del ciclo lectivo, reduciendo su margen de elección e incluso viéndose obligadas a cambiar de institución por razones económicas.
El Ejecutivo advirtió que la exigencia de tarifas preestablecidas también podía afectar la calidad educativa, ya que los colegios no podían ajustar con rapidez los aumentos de salarios, insumos o gastos operativos sin la aprobación estatal.
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En su fundamentación, el Gobierno insistió en la necesidad de proteger el principio de libre contratación, permitiendo que las instituciones privadas definan sus políticas de precios y condiciones laborales en función de la competencia y las demandas del mercado. Según el decreto, la eliminación de los controles busca fortalecer la autonomía de los colegios y garantizar su sostenibilidad económica en un entorno más dinámico y competitivo.
Con Información de cronica.com.ar.-
