Un proyecto presentado en la Legislatura porteña por el bloque Unión por la Patria propone derogar las sanciones que penalizan la oferta y demanda de servicios sexuales en espacios públicos. La iniciativa, impulsada por la legisladora Victoria Montenegro, apunta a modificar el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires para avanzar hacia un marco legal “más respetuoso de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual”, en particular mujeres cis, trans y travestis.
La propuesta plantea eliminar el artículo 86 del Código vigente, que actualmente habilita sanciones para quienes ofrezcan o soliciten sexo en la vía pública. Según sus impulsores, esta norma reproduce lógicas de criminalización sobre personas en situación de vulnerabilidad y habilita prácticas arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad.
“Esta contravención ha perdido el sentido original con el que fue incorporada y se ha transformado en una herramienta de persecución. Permite abusos y se ha convertido en un mecanismo que justifica el ejercicio desproporcionado del poder punitivo”, sostuvo Montenegro en los fundamentos del proyecto.
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Apuntan contra la violencia institucional
La legisladora aseguró que la aplicación actual de la norma impacta de manera desproporcionada sobre personas trans y travestis, quienes denuncian ser blanco frecuente de violencia institucional. “Persisten formas de control social violento, estigmatizante y discriminatorio por parte de agentes estatales, amparados en una legislación que habilita esas intervenciones”, advirtió.
Montenegro recordó que propuestas similares ya fueron presentadas en 2021 y 2023, pero perdieron estado parlamentario. Esta vez, el bloque de UP vuelve a la carga con el respaldo de estadísticas del Ministerio Público Fiscal de CABA, que ubican la oferta y demanda de sexo en espacios públicos entre las diez contravenciones más frecuentes en la ciudad.
¿Orden público o criminalización?
El eje del debate gira en torno a qué se considera una afectación real a la “tranquilidad pública”. Para los impulsores de la modificación, la norma actual se basa más en presunciones morales que en daños concretos a la convivencia. “Cualquier restricción a las libertades individuales debe estar basada en un daño comprobable, debe ser proporcional al fin que se persigue y adecuada al contexto social. Este no es el caso”, argumentó Montenegro.
Desde su perspectiva, mantener el artículo 86 vigente representa una “gran restricción a la libertad personal” sin resultados comprobables en términos de seguridad ciudadana. “Nos enfrentamos a una norma de dudosa eficacia que, sin embargo, genera un impacto profundo sobre personas que ya sufren múltiples formas de exclusión”, subrayó.
Una discusión pendiente
El proyecto reaviva un debate postergado sobre el trabajo sexual y el rol del Estado en su regulación. Mientras algunos sectores abogan por un enfoque de reconocimiento y derechos laborales, otros insisten en la necesidad de políticas que prevengan la trata y la explotación.
En este caso, el foco está puesto en eliminar una norma que —según sus promotores— lejos de proteger a las personas, las expone a abusos y criminalización. Por ahora, el proyecto será debatido en comisiones, pero sus impulsores esperan que esta vez logre avanzar.
“Este es un paso hacia una legislación que no castigue la pobreza ni las identidades disidentes, y que reconozca que la protección de derechos empieza por dejar de perseguir”, concluyeron desde Unión por la Patria.
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Con Información de urgente24.com.-
