El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) presentó este lunes 21 de julio su informe anual sobre la situación carcelaria en el país. El reporte destaca el hacinamiento crítico, las muertes bajo custodia, el deterioro en la salud de los reclusos y la utilización irregular de calabozos policiales como centros de detención permanentes.
Por octavo año consecutivo, los centros de reclusión venezolanos presentaron niveles alarmantes de sobrepoblación. En 2024, el hacinamiento alcanzó el 40 %, con una población total de 22.019 privados de libertad, frente a una capacidad instalada para más de 26.000 personas, aunque la capacidad real operativa ronda apenas las 15.000 plazas.
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Cárceles con mayor hacinamiento en 2024:
- Centro de Reclusión Dr. Francisco Delgado (Zulia)
- C.P. Agroproductivo 26 de Marzo (Portuguesa)
- C.F.H.N. Winnie Mandela (Zulia)
- Internado Judicial Rodeo III (Miranda)
- Internado Judicial Rodeo II (Miranda)
- C.P. Agroproductivo Barcelona – Puente Ayala (Anzoátegui)
- Internado Judicial de Barinas
Muertes bajo custodia y violencia carcelaria
Durante el año, 105 personas murieron bajo custodia, de las cuales 66 fallecieron por causas asociadas a problemas de salud. Desde 2017, el OVP ha documentado un total de 560 muertes en recintos penitenciarios. Además, en 2024 se registraron 35 reclusos heridos, 35 fugas, 7 motines y 5 huelgas.
Infraestructura colapsada y hacinamiento persistente
En Venezuela hay 52 cárceles: 35 destinadas a hombres, una exclusivamente para mujeres y 16 anexos femeninos. En 2024 se produjo el desalojo de varios centros, entre ellos el anexo femenino Fénix, La Planta, El Dorado, Tocorón y Tocuyito. Estas dos últimas fueron reabiertas para alojar a detenidos tras las elecciones presidenciales.
Uno de los datos más graves del informe es que 12.110 reclusos aún no tienen sentencia firme, mientras que solo 9.909 ya fueron condenados. Esto implica que, por octavo año consecutivo, la mayoría de la población penitenciaria está en situación procesal, lo que agrava la sobrepoblación y la indefensión jurídica.
Condiciones inhumanas y abandono estatal
El OVP también alertó sobre la falta de ventilación, acceso a luz natural y provisión de insumos básicos. Los internos dependen de sus familiares para recibir alimentos, productos de higiene personal, ropa y colchonetas.
Poblaciones vulnerables: mujeres, niños y comunidad LGBTIQ+
En el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), donde se concentra el 28 % de las mujeres detenidas, se denunciaron condiciones extremas de hacinamiento. Además, se reportó la presencia de al menos 23 niños que viven en las cárceles sin las condiciones mínimas para su desarrollo físico y emocional.
La comunidad LGBTIQ+, por su parte, enfrenta discriminación sistemática, violencia y estigmatización. El informe denuncia la ausencia de políticas públicas que garanticen sus derechos dentro del sistema penitenciario.
Calabozos policiales convertidos en cárceles
El informe también abordó la situación de los calabozos policiales, que deberían ser centros de detención preventiva por un máximo de 48 horas. Sin embargo, en la práctica, estas instalaciones retienen a personas por tiempo indefinido y en condiciones de hacinamiento extremo.
Entre las irregularidades reportadas figuran:
- Falta de agua potable y acceso a baños
- Detenidos durmiendo de pie o en sábanas colgadas como hamacas
- Ausencia total de atención médica
En estos espacios, durante 2024, murieron 40 personas, 39 resultaron heridas y se registraron 56 fugas, 10 motines y 9 huelgas.
Represión política: más de 2.500 detenidos tras elecciones
El OVP también denunció un aumento drástico de detenciones por motivos políticos luego de las elecciones presidenciales. Antes del proceso electoral, había alrededor de 300 presos políticos; sin embargo, tras los comicios, el gobierno anunció 2.229 nuevas detenciones, lo que eleva la cifra total a 2.529 personas.
Las irregularidades asociadas a estas detenciones incluyen:
- Arrestos sin orden judicial ni flagrancia
- Desapariciones forzadas
- Audiencias telemáticas a altas horas y sin conexión adecuada
- Presentaciones judiciales fuera de plazo legal
- Imputaciones sin pruebas por delitos como instigación al odio o terrorismo
- Negación de acceso a expedientes y abogados de confianza
- Liberaciones sin notificación a los familiares
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Con información de eldiario.com.-
