El Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó este miércoles el traslado inmediato de Lázaro Báez a una prisión común para cumplir el resto de su condena en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
La resolución, firmada por los jueces Néstor Costabel, Ricardo Basílico y Fernando Canero, establece que el empresario deberá ser alojado en una unidad dependiente del Servicio Penitenciario Federal. “Se deberán adoptar las medidas necesarias para disponer su alojamiento en la unidad penitenciaria más adecuada a sus condiciones personales y cercana a su lugar de pertenencia, sin que se encuentre demostrada una situación excepcional que amerite contemplar el caso desde otra perspectiva”, sostiene el fallo.
En horas de la tarde fue llevado de su casa en El Calafate a una pequeña cárcel común en Santa Cruz, donde hay unos 110 detenidos y cuenta con poca seguridd.
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Tras la confirmación de la condena por parte de la Corte Suprema, los magistrados recordaron que la ley “no prescribe de modo automático la concesión de la prisión domiciliaria cuando se presentan alguno de los supuestos del artículo 10 del Código Penal o el artículo 32 de la ley 24.660, sino que su viabilidad queda sujeta a la apreciación judicial, previo trámite de la incidencia correspondiente”.
Báez ya estuvo detenido por esta causa y aún le restan cumplir seis años de prisión. Fue condenado por el delito de lavado de activos agravado por un monto de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013, a través de maniobras realizadas mediante la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”.
El caso
La causa se inició en 2013 tras un informe emitido por el programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata, donde se denunció que Lázaro Báez —amigo de Néstor Kirchner y uno de los principales contratistas de obra pública en Santa Cruz— había enviado al exterior 55 millones de dólares mediante operaciones financieras hacia cuentas en Suiza.
El informe incluyó las declaraciones de Federico Elaskar y Leonardo Fariña, este último en una cámara oculta. Tres años después, la causa recobró impulso con la difusión de un video grabado en la financiera SGI, donde se observaba al hijo de Báez contando fajos de billetes.
En abril de 2016, el juez Sebastián Casanello ordenó la detención de Báez y de su contador, Daniel Pérez Gadín, ante el riesgo de fuga. También fue arrestado el abogado Jorge Chueco, quien intentó huir a Paraguay.
La instrucción judicial concluyó que existía una organización criminal que, entre diciembre de 2010 y abril de 2013, llevó a cabo múltiples maniobras de lavado de dinero. Estas operaciones se realizaron principalmente a través de Austral Construcciones —firma dirigida por Báez— y la financiera SGI, mediante un entramado que permitió la expatriación de fondos de origen ilícito y su posterior reingreso al país por un total de USD 54.872.866,69.
Los fondos fueron depositados en cuentas bancarias internacionales —generalmente en jurisdicciones con escasa supervisión fiscal— a nombre de sociedades ficticias. Posteriormente, se adquirieron bonos de deuda pública que fueron liquidados en el mercado local, simulando una inversión millonaria de una firma fiduciaria suiza para la compra de acciones de Austral Construcciones S.A. (ACSA).
Además del episodio de “La Rosadita”, el tribunal comprobó otras maniobras de lavado independientes, como la compra de una estancia en Mendoza (El Carrizalejo) y un departamento en Avenida del Libertador, en la Ciudad de Buenos Aires, ambos a nombre de Fariña.
También se documentaron pagos con fondos ilícitos vinculados al casamiento de Fariña con la modelo Karina Jelinek y la adquisición de autos de lujo —como una Ferrari California, un BMW X6 y un Audi R8 Spyder— con la intervención de Carlos Juan Molinari y Daniel Alejandro Bryn.
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Con Información de TN.-
