Los extranjeros que no se identifiquen ante la autoridad competente en Perú serán expulsados del país, según una reciente modificación al decreto legislativo migratorio aprobado por el gobierno de Dina Boluarte. La medida fue publicada el pasado 15 de diciembre en el diario oficial El Peruano.
Detalles de la nueva normativa
La Ley 32192, promulgada por el Ejecutivo y publicada en el Boletín de Normas Legales, establece que los extranjeros tienen la obligación de identificarse ante las autoridades peruanas, incluso mediante medios probatorios alternativos.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM PARA ESTAR INFORMADO
En caso de que un extranjero carezca de documentos válidos, la Policía Nacional del Perú tomará su declaración de identidad, la registrará en un acta y procederá a recopilar información biométrica. Según la norma, esta declaración de identidad tendrá carácter constitutivo.
Los datos recopilados serán ingresados en el Registro de Información Migratoria (RIM), gestionado por la Superintendencia Nacional de Migraciones. El procedimiento prioriza la captura y procesamiento digital de datos biométricos con el objetivo de contar con un antecedente migratorio. Cabe destacar que este proceso no implica la regularización del estatus migratorio del extranjero.
Certificado de movimiento migratorio
El decreto también regula el uso del certificado de movimiento migratorio, un documento que detalla los ingresos y salidas del territorio nacional de peruanos y extranjeros registrados por Migraciones. Este certificado, de carácter público, puede ser solicitado por cualquier persona mayor de edad con documento de identidad válido.
Aprobación legislativa y objetivos de la medida
La ley fue aprobada por el Congreso a principios de noviembre con 87 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones. Según el Ejecutivo, esta medida busca reducir la criminalidad y fortalecer la seguridad nacional.
“La propuesta tiene como objetivo garantizar la seguridad nacional y ciudadana, además de salvaguardar el orden público e interno. Esto se logrará mediante la prevención, disuasión y sanción de conductas que infrinjan la normativa migratoria”, señalaba la iniciativa legislativa presentada ante el Congreso.




