Tras el caso de el Gobierno reglamentó este miércoles una ley para personas en situación de calle y familias sin techo. Se trata de una normativa que había sido aprobada en el Congreso en diciembre de 2021.
La medida se oficializó a través del Decreto 183/2023, publicado en la última edición del Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y del jefe de Gabinete, Agustín Oscar Rossi.
Según se destaca en el documento, esta ley 27.654 “constituye un instrumento jurídico fundamental que tiene por objeto garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren” en la Argentina.
“Para hacer efectivos estos derechos se encomienda al Poder Ejecutivo que elabore y desarrolle una política pública integral, coherente y de alcance nacional“, se afirma.
Los derechos que deben garantizarse
Entre los derechos que buscan garantizarse, se encuentra el de la identidad personal, es decir “tener un nombre propio, una personalidad jurídica y una nacionalidad”. En ese sentido, el Estado debe realizar acciones para que las personas puedan hacer “en forma gratuita los documentos de identidad personal”, tales como partida de nacimiento, documento nacional de identidad, las claves únicas de inscripción laboral y tributaria, etc.
También se destaca el “derecho al acceso y al uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos sin discriminación por su condición de vulnerabilidad”.
Asimismo, “el derecho a acceder a los servicios socioasistenciales y de salud de las instituciones públicas o privadas con convenio con el Estado”, así como también “a los servicios de apoyo para lograr un trabajo digno”.
Las exigencias de la ley: un relevamiento nacional y una red de centros de integración social
Por otro lado, se ordena “realizar un relevamiento nacional de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, en forma coordinada con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El objetivo es “tener información para hacer un diagnóstico y luego implementar las políticas públicas nacionales, considerando sus diferentes subgrupos”.
También se le exige al Estado “propiciar y coordinar la creación de una Red Nacional de Centros de Integración Social, de atención permanente y continua, que funcionen las 24 horas del día, los 365 días del año, que presten servicios socioasistenciales básicos de alojamiento, alimentación, higiene y cuidados de la salud y además desarrollen actividades de capacitación y ocupación, adaptadas a los conocimientos y necesidades de los destinatarios y las destinatarias”.
El documento define a las personas en situación de calle “como aquellas sin distinción de ninguna clase, sea por su condición social, género, edad, origen étnico, nacionalidad, situación migratoria, religión, estado de salud o cualquier otra, habiten en la calle o en espacios públicos en forma transitoria o permanente, utilicen o no servicios socioasistenciales o de alojamiento nocturno, públicos o privados (paradores, centros de integración, hogares, albergues, entre otras)”.
Por otro lado, las personas en riesgo de situación de calle son “aquellas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: que residan en establecimientos públicos o privados (médicos, asistenciales, penitenciarios u otros) de los cuales deban egresar por cualquier causa en un plazo determinado y no dispongan de una vivienda para el momento del egreso; que se encuentren debidamente notificadas de una resolución administrativa o sentencia judicial firme de desalojo y no tengan recursos para procurarse una vivienda, o que habitan en asentamientos precarios o transitorios sin acceso a servicios públicos esenciales o en condiciones de hacinamiento que afecten su integridad psicofísica”.
El Presupuesto 2023 fija partidas destinadas para personas en situación de calle. La secretaría de Municipios, que depende del Ministerio del Interior, por ejemplo, es una de las reparticiones encargadas de atender esta problemática. También está la secretaría de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social, que depende de Victoria Tolosa Paz, y para completar la estructura institucional está la Sedronar, que atiende puntualmente las cuestiones de adicciones.
La tragedia de la beba muerta cerca de Casa Rosada impactó apenas un día después de conocerse el último dato de pobreza en la Argentina, que creció durante el segundo semestre del año pasado. De acuerdo al informe del INDEC, trepó del 37,3% al 39,2%., mientras que la indigencia bajó levemente, del 8,2 al 8,1%.
Si esos porcentajes se extienden a toda la población (46,2 millones), incluyendo la rural, en total equivale a 18.800.000 pobres, de los cuales 3.800.000 serían indigentes.
Las familias en situación de calle, sin embargo, son un dato más dificil de precisar y son motivo de cruces y debates entre las organizaciones sociales y el Gobierno de la Ciudad. Según un relevamiento realizado a mediados del año pasado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, fueron detectadas 1.000 personas durmiendo en la calle y otras 1.500 en paradores (el nombre formal es Centros de Inclusión Social, CIS).
Clarin.-
