Los motivos son los mismos. El contexto, diferente. Por estos días Vladimir Putin y Nicolás Maduro están en la lupa de la justicia internacional. Desde el pasado 24 de febrero el mandatario ruso está llevando a cabo una brutal y sangrienta invasión a Ucrania, mientras que el dictador venezolano se mantiene en el poder bajo un amplio esquema de represión y persecución. El saldo de ambos casos es similar: miles de muertos, y millones de refugiados y desplazados. Esto hace que los caminos de Putin y Maduro se crucen en una misma dirección: La Haya, sede de la Corte Penal Internacional (CPI).
La oficina de Karim Khan, el fiscal de la CPI, se sumó el pasado 25 de abril al equipo conjunto formado por Lituania, Polonia y Ucrania, y coordinado por Eurojust, para recoger pruebas de los presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad que se están cometiendo en territorio ucraniano.
El equipo conjunto de investigación (ECI) se creó el 25 de marzo para facilitar las investigaciones de cara a eventuales juicios que se celebren en los Estados involucrados, así como el proceso judicial que podría abrir la CPI en el futuro en caso de que se reúnan suficientes pruebas que demuestren la comisión de crímenes de su jurisdicción y pueda arrestar a los sospechosos y trasladarlos a La Haya, condiciones imprescindibles para iniciar un juicio.
Khan y los fiscales generales de Lituania, Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo sobre la participación de la fiscalía de la CPI en el ECI, en el que subrayaron que harán “todos los esfuerzos para recopilar pruebas de manera efectiva sobre los principales crímenes internacionales cometidos en Ucrania y llevar a los responsables ante la Justicia”.
El fiscal de la Corte Penal abrió a principios de marzo una investigación por la brutal invasión a Ucrania después de una remisión del caso por parte de 39 Estados. Desde entonces, sus investigadores están recogiendo pruebas sobre la presunta comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad, mientras persisten los ataques de las tropas de Putin contra la población civil.
El tribunal de justicia internacional investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de “un ataque generalizado o sistemático contra cualquier población civil”. Estos incluyen asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura, violación y esclavitud sexual. Todas acusaciones que pesan sobre los soldados rusos en estos tres meses de invasión.
Desde el 24 de febrero hasta el 20 de mayo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) contabilizó 3.838 civiles muertos, pero advirtió que la cifra podría ser mayor. Según detalló el organismo, murieron 1.454 hombres, 947 mujeres, 89 niñas y 98 niños; así como 69 niños y 1.181 adultos cuyo sexo no ha podido ser identificado. Más de 4.000 civiles, en tanto, habrían resultado heridos.
El 28 de abril, tras una reunión informal del Consejo de Seguridad, Khan advirtió que el derecho internacional no puede ser “un espectador pasivo” frente a lo que está ocurriendo en Ucrania: “La verdad no tiene por qué ser un fantasma que no se pueda atrapar. Se agarra arremangándose, trabajando, realizando esfuerzos de investigación a la antigua usanza, utilizando la tecnología moderna, aprovechando la tecnología, ya sea por satélite o por radar o por interceptación, y combinándola para ver lo que parece ser verdad”.
“Y en última instancia, la gran salvaguarda de la justicia internacional no depende de un testigo en particular. No depende de una autoridad nacional acusadora en particular. No depende de mí. Hay jueces por encima de nosotros, jueces independientes que evaluarán y sopesarán las pruebas y, en última instancia, tomarán decisiones”, agregó.
Es tal la magnitud de las barbaries que están perpetrando las tropas rusas en Ucrania, que la CPI no es el único organismo que está investigando posibles crímenes de guerra. A la par, Estados Unidos y 44 países más están trabajando en conjunto para investigar posibles violaciones y abusos, luego de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobara una resolución para establecer una comisión investigadora. Incluso hay naciones que también están investigando por su cuenta, como el caso de Alemania.
Mientras avanzan las investigaciones, Joe Biden arremetió duramente contra Putin al calificarlo de “criminal de guerra”. En esa línea se pronunció la ex fiscal de crímenes de guerra Carla Del Ponte, quien, además de considerar a Putin también como un “criminal de guerra”, pidió a la Corte Penal Internacional que emita una orden de arresto en su contra.
En estos tres meses de invasión, Occidente, con Estados Unidos y el Reino Unido a la cabeza, ejerció un profundo aislamiento internacional que ya se empieza a sentir en suelo ruso. Sin embargo, Putin todavía cuenta con algunos aliados. Uno de ellos es el dictador venezolano Maduro, quien, a diferencia de Putin, ya tiene una investigación formal de la CPI en su contra.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, visitó la ciudad ucraniana de Bucha, donde las tropas rusas llevaron a cabo una brutal matanza de civiles (REUTERS/Volodymyr Petrov)
A fines de marzo, en el marco de su visita a Caracas, Karim Khan anunció que la CPI abrirá una oficina en Venezuela, luego de que el pasado mes de noviembre decidiera abrir una investigación al país caribeño para determinar si se produjeron crímenes de lesa humanidad, tal y como denuncian la oposición y diversas organizaciones no gubernamentales, y a pesar de todos los esfuerzos del régimen chavista para dilatar el proceso en el tribunal internacional.
La Corte Penal Internacional abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas de seguridad del régimen en la represión de las multitudinarias protestas contra Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas.
La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, ya había dejado sentado que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigarlos. Pero la decisión de Khan deja atrás el término “preliminar” y vuelve real y dramáticamente preocupante el proceso para el régimen y sus jerarcas.
La Corte de la La Haya no tiene en la mira solo a Maduro, lo que investiga es un plan sistemático ordenado por el dictador pero ejecutado por un grupo de sus funcionarios con puestos de decisión en dependencias clave del estado venezolano: Ministros del Ejecutivo nacional, mandos de la Policía Nacional Bolivariana, del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y de otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
La investigación de la CPI también apunta a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como “colectivos”, que, según el informe del tribunal, actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”. “En relación con el presunto rol de los actores mencionados, “el/los caso(s) potencial(es) identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas y se procuraría examinar la presunta responsabilidad de aquellos que parezcan ser los máximos responsables por tales crímenes”.
La CPI inició una investigación formal contra la dictadura de Nicolás Maduro por violaciones a los derechos humanos en Venezuela, y está recolectando pruebas sobre posibles crímenes de guerra por parte de las tropas rusas en Ucrania
La persecución política también está incluida en el reporte elaborado por la ex fiscal Bensouda, quien indicó que “la información disponible indica que individuos a favor del gobierno también participaron en la represión de opositores del Gobierno de Venezuela, o gente percibida como tal, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.
El reporte aclara a su vez que la información recabada no excluye otros potenciales crímenes cometidos en el país caribeño, sino que su rol es de establecer “si se ha satisfecho el umbral requerido para abrir investigaciones”.
El hecho de que Maduro aceptara la instalación de una oficina en Caracas no responde a una muestra de voluntad para que se haga justicia en Venezuela. A diferencia de Rusia, el país caribeño ratificó el Estatuto de Roma que dio lugar al nacimiento de la CPI. Esto lleva al régimen a tener que cooperar con la investigación.
Pese a reforzar los lazos entre sus países y a reivindicar sus gestiones, Putin y Maduro saben que sus caminos podrían cruzarse en La Haya. La sentencia máxima de la CPI es de 30 años de prisión, pero en circunstancias excepcionales puede dictar cadena perpetua.
Infobae.–
