España dejará de otorgar y renovar permisos de residencia temporal por razones humanitarias, como los concedidos en los últimos años a miles de ciudadanos venezolanos, a partir de este viernes 12 de junio, cuando entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
La medida fue anunciada por el Ministerio del Interior de España a través de una nota informativa publicada este jueves 11 de junio, en la que detalla cómo se aplicará la nueva normativa europea. En el documento se especifica que España «dejará de reconocer y renovar estatutos de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional tal y como venía haciendo hasta ahora«.
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Para quienes actualmente poseen este tipo de autorización, el Ministerio indicó que ya no será posible renovarla ni solicitar la reagrupación familiar mediante esta figura. Por ello, recomendó que los afectados tramiten otras modalidades de residencia y trabajo previstas en la legislación vigente.
El Gobierno español implementó este permiso especial en 2018 para atender el elevado número de solicitudes de asilo presentadas por ciudadanos venezolanos y la baja tasa de reconocimiento del estatus de refugiado. Gracias a esta medida, alrededor de 240.000 venezolanos pudieron regularizar su situación migratoria en España.
¿Cómo aplicará España el Pacto Europeo?
Con la entrada en vigor del nuevo pacto, España pondrá en marcha un procedimiento de protección internacional en frontera para los migrantes que lleguen en embarcaciones precarias a las costas del país o sean interceptados intentando ingresar de manera irregular.
El proceso tendrá un plazo máximo de resolución de 12 semanas. Durante ese período, los solicitantes no recibirán autorización para ingresar al territorio español y deberán permanecer en instalaciones habilitadas para tal fin, aunque sin estar privados de libertad.
Asimismo, si la solicitud de asilo es rechazada, se procederá a denegar la entrada o ejecutar la devolución de la persona solicitante.
El Gobierno español aseguró que, en los puestos fronterizos, aplicará un modelo que garantice el respeto a los derechos de los solicitantes. Entre las garantías previstas figuran la asistencia jurídica, la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la posibilidad de solicitar una revisión de la decisión adoptada.
La normativa también incorpora un procedimiento acelerado para personas procedentes de países cuya tasa de reconocimiento de protección internacional sea igual o inferior al 20 % en el conjunto de la Unión Europea.
Un sistema común de control en las fronteras de la Unión Europea
Entre las principales novedades del pacto destaca la creación de un sistema común europeo de evaluación y control para ciudadanos de terceros países que ingresen de manera irregular al bloque comunitario.
El objetivo es reforzar la identificación de las personas, registrar sus datos y detectar de forma temprana posibles situaciones de vulnerabilidad.
Mientras dure este procedimiento, los migrantes no podrán recibir autorización de entrada al territorio y permanecerán a disposición de las autoridades competentes.
España ya cuenta con un mecanismo similar, aunque ahora deberá adaptarlo a los nuevos requisitos europeos mediante formularios específicos, una mayor detección de vulnerabilidades y la implementación de un sistema independiente de supervisión del respeto a los derechos fundamentales, función que recaerá en el Defensor del Pueblo.
Además, el nuevo marco normativo contempla un mecanismo obligatorio de solidaridad entre los países miembros de la Unión Europea. Dentro de este esquema, España ha sido catalogada como un Estado sometido a presión migratoria, por lo que podrá beneficiarse de las contribuciones obligatorias del resto de los socios europeos.
Para definir la aplicación práctica de este mecanismo, está prevista una reunión técnica de la Unión Europea sobre solidaridad migratoria el próximo 15 de junio en Bruselas.
España rechaza los centros de retorno en terceros países
En su comunicado, el Ministerio del Interior reiteró la oposición del Gobierno español a la creación de centros de retorno en terceros países, una posibilidad contemplada en el nuevo reglamento europeo.
El Ejecutivo considera que esta medida genera importantes dudas en materia de legalidad y proporcionalidad, por lo que descartó utilizarla dentro de su política migratoria.
Por otra parte, España aseguró haber reforzado los recursos humanos y tecnológicos de las unidades encargadas de gestionar los procedimientos migratorios, así como desarrollado nuevos sistemas informáticos para mejorar el intercambio de información entre autoridades policiales, organismos de protección internacional y servicios de acogida.
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El pacto también contempla la modernización de Eurodac, la base de datos europea de huellas dactilares. A partir de ahora, este sistema no solo recopilará información de quienes soliciten protección internacional, sino también de todas las personas que ingresen de manera irregular al territorio europeo.
Con Información de eldiario.com.-
