Una mujer de Mendoza protagoniza una disputa judicial inédita contra el Arzobispado de Mendoza. El conflicto se originó cuando descubrió que su expareja la había engañado durante más de diez años. Según denunció, el hombre no solo estaba casado y mantenía una doble vida familiar, sino que además la obligó a interrumpir dos embarazos y ejercía funciones como diácono dentro de la Iglesia Católica.
Tras varios años de resoluciones judiciales contradictorias, ahora será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que deberá definir si la institución religiosa tiene responsabilidad por los daños que la mujer asegura haber sufrido.
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Cómo comenzó el caso: engaños, abuso de poder y denuncias
La historia se remonta a 2003, cuando la denunciante, luego de salir de una relación marcada por la violencia, conoció a quien se presentó como viajante de comercio. Con el paso del tiempo, la relación de amistad evolucionó hacia un noviazgo.
Según relató la mujer, el hombre le propuso convivir junto a sus hijos, prometiéndole asumir gastos económicos y construir un proyecto de vida en común. Sin embargo, sostiene que detrás de esas promesas existía una compleja red de mentiras y manipulaciones que la colocó en una situación de gran vulnerabilidad.
Con el correr de los años, las ausencias reiteradas, las explicaciones poco claras y diversos secretos despertaron sospechas. Cuando decidió enfrentarlo, descubrió que su pareja tenía esposa e hijos y que, además, era una figura reconocida dentro de la Iglesia mendocina, donde se desempeñaba como diácono permanente y director de un seminario.
De acuerdo con la denuncia difundida por medios locales como Diario Uno, poco tiempo después de que la verdad saliera a la luz, el hombre desapareció de su vida y la dejó sola, afrontando por su cuenta todas las responsabilidades económicas.
En 2018, la mujer presentó una denuncia ante el Arzobispado de Mendoza para que se investigara la conducta del religioso y se lo apartara de sus funciones eclesiásticas. La Iglesia inició un proceso canónico, aunque la denunciante afirmó que el procedimiento estuvo rodeado de hermetismo, escasa información y situaciones que la hicieron sentir nuevamente vulnerada.
La batalla judicial y los fallos contrapuestos
Un año después, en 2019, la mujer inició una demanda civil contra el Arzobispado y reclamó una indemnización de un millón de pesos por los daños que atribuyó a una situación de violencia de género institucional, psicológica y simbólica durante el desarrollo de la investigación eclesiástica.
En 2023 obtuvo un fallo favorable. Un tribunal condenó al Arzobispado y posteriormente la Cámara de Apelaciones ratificó esa decisión, al considerar que la autonomía de las instituciones religiosas no puede justificar la vulneración de los derechos de una mujer.
Sin embargo, el panorama cambió a comienzos de 2024. Tras una apelación presentada por el Arzobispado, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza resolvió a favor de la Iglesia el 4 de marzo.
El máximo tribunal provincial concluyó que no existió violencia de género, argumentando que las reglas de confidencialidad del derecho canónico se aplican indistintamente a hombres y mujeres. Además, entendió que los hechos analizados constituían una cuestión disciplinaria interna de la Iglesia y no un hecho ilícito susceptible de generar responsabilidad civil.
La sentencia también dispuso que la mujer afrontara las costas del proceso judicial.
El caso llegó a la Corte Suprema
Luego de la decisión adversa en Mendoza, los abogados de la denunciante intentaron que el expediente fuera revisado por la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal. Sin embargo, ese planteo fue rechazado por la Justicia provincial.
Ante esa situación, la defensa presentó una queja directamente ante el máximo tribunal nacional, alegando que el caso reviste gravedad institucional y solicitando que se deje sin efecto la sentencia dictada por la Suprema Corte mendocina.
Los representantes legales sostienen que se vulneraron derechos y garantías constitucionales de la mujer y que la resolución provincial contradice compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de protección de los derechos de las mujeres.
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Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá analizar el planteo y decidir si admite el caso, teniendo la última palabra sobre la responsabilidad o no del Arzobispado de Mendoza en los hechos denunciados.
Con Información de TN.-
