El director de la organización no gubernamental Laboratorio de Paz (LabPazVe), Rafael Uzcátegui, cuestionó el comunicado emitido por el Ministerio Público (MP) sobre la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas y advirtió que el documento presenta importantes deficiencias en relación con los estándares internacionales de derechos humanos.
A través de su cuenta en X, el sociólogo y defensor de derechos humanos identificó nueve omisiones que, a su juicio, afectan la transparencia del proceso. Según explicó, el informe de la Fiscalía se limita a establecer una conclusión médica sobre la causa biológica del fallecimiento, sin responder interrogantes fundamentales sobre las circunstancias que rodearon el caso.
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Uzcátegui señaló que el comunicado evita explicar aspectos clave relacionados con las condiciones de reclusión de Quero Navas, la falta de notificación oportuna a sus familiares y la cadena de custodia en el Centro Penitenciario Rodeo I, ubicado en el estado Miranda.
El pronunciamiento oficial, difundido el 2 de junio, concluyó que la muerte de Quero Navas fue consecuencia de un tromboembolismo pulmonar, con base en los resultados de una exhumación y una autopsia practicadas el 8 de mayo de 2026.
Las preguntas que, según LabPazVe, quedaron sin respuesta
En su análisis, el director de LabPazVe expuso nueve aspectos que considera ausentes en el documento emitido por el Ministerio Público.
1. La responsabilidad del Estado
Uzcátegui sostuvo que el comunicado omite la responsabilidad especial que tiene el Estado cuando una persona se encuentra privada de libertad, una obligación jurídica que calificó como ineludible.
2. La explicación completa del fallecimiento
El activista afirmó que la Fiscalía confunde la causa médica de la muerte con la explicación integral de los hechos, ya que el diagnóstico patológico no aclara las circunstancias ni los factores que habrían provocado el deceso.
3. La desaparición previa al hallazgo del cuerpo
Como tercer punto, señaló que el documento no aborda el período de desaparición denunciado por los familiares antes de que se conociera el fallecimiento de Quero Navas.
4. La inhumación sin notificación a la familia
También cuestionó que la Fiscalía no explique por qué el detenido fue enterrado sin que sus familiares fueran informados, una situación que mantuvo a sus allegados sin información durante varios meses.
5. El cumplimiento de las medidas cautelares
Otra de las observaciones apunta a la ausencia de información sobre las medidas cautelares dictadas previamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la integridad del detenido.
6. La responsabilidad de los funcionarios penitenciarios
Uzcátegui señaló que el Ministerio Público tampoco informó si investiga posibles responsabilidades de las autoridades encargadas de la custodia de Quero Navas en el penal Rodeo I.
7. Las condiciones de detención
Asimismo, indicó que el comunicado no hace referencia a las condiciones de alimentación, salud y reclusión que enfrentó Quero Navas durante su permanencia bajo custodia.
8. El derecho a la verdad de los familiares
El defensor de derechos humanos afirmó que el informe tampoco satisface el derecho a la verdad que asiste a los familiares de la víctima y a la sociedad en general.
9. La independencia de la investigación
Por último, destacó la ausencia de organismos independientes o peritos externos que participaran en la realización y validación de los procedimientos forenses.
Cuestionamientos al comunicado oficial
A través de un pronunciamiento difundido en X, LabPazVe sostuvo que la información presentada por el Ministerio Público reduce la complejidad del caso a un simple informe clínico.
“El comunicado del MP, aunque señala que la muerte se produjo por un tromboembolismo pulmonar y describe diversas diligencias forenses, no explica las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de una persona que se encontraba bajo custodia del Estado, ni aborda posibles responsabilidades institucionales derivadas de esa condición”, indicó la organización.
La ONG insistió en que el Estado venezolano no respondió a las denuncias de falta de transparencia formuladas por los familiares de Quero Navas antes de la exhumación.
Asimismo, advirtió que el comunicado deja sin aclarar aspectos fundamentales para el esclarecimiento de los hechos, entre ellos las razones por las que la familia fue informada meses después del fallecimiento, las circunstancias en que se produjo la sepultura sin conocimiento de sus allegados, el acceso que tuvo el detenido a atención médica y las condiciones de reclusión en las que permaneció.
“Tampoco ofrece información sobre eventuales investigaciones a funcionarios responsables de su custodia ni responde a las preocupaciones expresadas previamente por organismos internacionales de derechos humanos”, agregó LabPazVe.
La organización consideró además que los resultados de la necropsia son insuficientes frente a los estándares internacionales aplicables a muertes ocurridas bajo custodia estatal en centros penitenciarios o instalaciones controladas por organismos militares o policiales.
“En consecuencia, el documento parece orientado a establecer una causa biológica de muerte, pero no satisface plenamente las exigencias de verdad, transparencia, independencia y rendición de cuentas que requieren los estándares internacionales aplicables a las muertes ocurridas bajo custodia estatal”, concluyó la ONG.
Un caso rodeado de interrogantes
La muerte de Víctor Quero se convirtió en un asunto de interés público después de que su madre, Carmen Teresa Navas, emprendiera durante más de un año una búsqueda para conocer su paradero.
Durante ese período acudió a organismos públicos, tribunales y centros de detención en busca de información sobre su hijo, quien había sido arrestado tras las protestas poselectorales de 2024.
El caso adquirió mayor notoriedad el 8 de mayo de 2026, cuando las autoridades realizaron la exhumación de unos restos que posteriormente fueron identificados como los de Quero Navas. Para ese momento, el Ministerio Público ya había informado a la familia que el detenido había fallecido mientras permanecía bajo custodia del Estado y que había sido enterrado sin que sus familiares fueran notificados.
Carmen Teresa Navas falleció el 17 de mayo, apenas nueve días después de la exhumación de los restos de su hijo y de recibir la confirmación oficial de su muerte. Su fallecimiento provocó numerosas reacciones de organizaciones defensoras de derechos humanos, dirigentes políticos y familiares de otros detenidos que habían acompañado públicamente su búsqueda.
La controversia en torno al caso también estuvo marcada por las contradicciones detectadas en documentos y actuaciones oficiales. Diversas organizaciones de derechos humanos señalaron que, aunque las autoridades ubicaron la muerte de Quero Navas entre julio y agosto de 2025, meses después seguían existiendo registros oficiales que lo señalaban como recluido en el Centro Penitenciario Rodeo I.
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Tras la difusión pública del caso y las denuncias presentadas por familiares y organizaciones civiles, el Ministerio Público ordenó la exhumación de los restos e inició una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
En el comunicado publicado el 2 de junio, el organismo aseguró que todas las diligencias fueron realizadas conforme a lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal.
Con Información de eldiario.com.-
