La Cámara de Diputados de Salta aprobó una reforma al Código Contravencional que incorpora la figura del acoso escolar (bullying) y establece sanciones para los padres o tutores de estudiantes que incurran en estas conductas. La iniciativa es similar a otra que ya cuenta con media sanción en Mendoza.
La normativa busca que los adultos responsables asuman un rol activo en la prevención de la violencia escolar y respondan por las conductas de sus hijos. Según publicó el portal El Tribuno, la modificación prevé sanciones de hasta 30 días de arresto o multas para los tutores que no atiendan las notificaciones por casos de acoso escolar y no logren modificar la conducta del menor.
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Antes de cualquier medida de detención, los responsables deberán comparecer ante un juez contravencional, quien podrá sustituir la pena de arresto por multas, trabajos comunitarios o tratamientos psicológicos.
El objetivo de la reforma es reforzar la responsabilidad de los adultos a cargo de menores, en línea con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El proyecto fue impulsado por la senadora Bettina Navarro y sumó aportes de distintas iniciativas antes de su aprobación en Diputados. Ahora resta su promulgación por parte del gobernador Gustavo Sáenz.
La diputada Socorro Villamayor señaló que “los padres son reticentes a asistir a los establecimientos educativos cuando son citados o notificados”.
Situación en Mendoza
En paralelo, Mendoza ya cuenta con media sanción de una reforma similar a su Código Contravencional, impulsada ante el aumento de denuncias por intimidaciones físicas, psicológicas y verbales entre estudiantes.
La propuesta establece sanciones para los padres que no acompañen a sus hijos en la corrección de conductas violentas, con trabajos comunitarios de hasta 50 días y multas de hasta $2.000.000.
También contempla instancias de mediación y talleres de parentalidad como herramientas para prevenir la reincidencia.
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En caso de reiteración de conductas de acoso escolar, el juez podrá duplicar las sanciones y exigir la asistencia obligatoria a talleres o terapias familiares. Además, el texto prevé criterios de gravedad y circuitos de derivación a equipos técnicos, organismos de protección de derechos y la Justicia, según corresponda.
Con Información de LN.-
