El gobierno de Donald Trump habría intensificado la presión sobre Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro y acusada en Estados Unidos, al impedir que se utilicen fondos del Estado venezolano para cubrir los honorarios de su defensa legal.
De acuerdo con la periodista de investigación venezolana Maibort Petit, hasta hace pocas semanas el Departamento del Tesoro había autorizado, mediante una licencia especial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que el gobierno venezolano pagara los servicios jurídicos de Flores. Sin embargo, esa autorización fue modificada recientemente, eliminando la posibilidad de que dichos recursos financien su representación.
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En un comunicado, la OFAC indicó que, tras consultar con el Departamento de Estado, determinó que resulta incompatible con la política vigente autorizar la recepción de pagos por honorarios, costos y gastos derivados de la representación legal de Flores con fondos del Gobierno de Venezuela.
La defensa de la ex primera dama sostuvo que esta decisión vulnera su derecho constitucional a contar con un abogado de su elección, protegido por la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense. Asimismo, argumentó que impedir el uso de fondos venezolanos podría derivar en que, si el tribunal le asigna un defensor público, los contribuyentes estadounidenses terminen financiando su defensa.
En paralelo, Flores presentó una moción ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York para solicitar la desestimación de los cargos en su contra. En el escrito, pidió adherirse a la moción previamente presentada por Maduro y alegó que la medida adoptada por el gobierno estadounidense interfiere con su derecho a una defensa adecuada.
Según documentos judiciales, Flores aseguró no contar con recursos personales suficientes para cubrir los gastos legales y recordó que el Ejecutivo venezolano había asumido esos costos bajo la licencia inicialmente otorgada por OFAC. Sus abogados señalaron además que el bufete ya había contraído compromisos financieros basados en esa autorización.
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Flores enfrenta cargos penales en Nueva York tras su captura junto a Maduro el pasado 3 de enero. La acusación presentada por el Departamento de Justicia incluye delitos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, corrupción, sobornos y lavado de dinero. La ex primera dama se ha declarado no culpable.
La audiencia más reciente fue aplazada hasta el 26 de marzo de 2026, con el objetivo de permitir a la defensa revisar el material probatorio presentado por la fiscalía.
Con Información de ElNacional.-
