La Justicia de Salta imputó a nueve personas acusadas de formar parte de una red de trata que explotaba sexualmente a más de 30 niñas y adolescentes que habían sido captadas a la salida de distintos colegios de la capital provincial.
Según la acusación, el líder de la banda era un remisero que llevaba a las menores de entre 12 y 16 años de edad a un departamento, las ofrecía a clientes por 200 mil pesos y les pagaba con dinero y regalos. Cuando cumplían los 18 años de edad, las “descartaba”.
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La primera denuncia fue presentada en junio del año pasado, cuando la mamá de una chica de 16 años de edad vio que su hija tenía un celular costoso que no sabía de dónde lo había sacado. Cuando revisó sus mensajes, encontró una conversación de índole sexual con un hombre mayor.
La mujer fue hasta la comisaría y descubrieron que el hombre era un remisero que circulaba por el sur de la ciudad de Salta con Volkswagen Voyage, que usaba para trasladar a las menores. La Policía allanó su casa, le secuestró su teléfono y lo dejó detenido con prisión preventiva por orden del juez.
En las pericias tecnológicas, los investigadores encontraron material de explotación sexual infantil. Entonces, el Ministerio Público provincial pidió que el expediente pase al fuero federal por tratarse de un caso de trata.
La causa pasó al Juzgado Federal N°1, a cargo de Julio Bavio, y la investigación la lleva adelante el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar Roxana Gual, quienes pidieron la imputación del remisero, pero también de otras ocho personas que integraban la supuesta red, entre ellos dos empresarios.
En la última audiencia realizada a fines de diciembre, describieron que la organización funcionaba desde hace al menos dos años y operaba en zonas de colegios, tanto públicos como privados. Las adolescentes eran atraídas con regalos y luego las llevaban hoteles alojamientos ubicados sobre la Ruta 26, donde ocurrían los abusos, o incluso en las casas de los imputados.
En el procesamiento, el fiscal indicó que las víctimas eran alumnas de cuarto y quinto año las que tenían “encuentros sexuales” a cambio de dinero. Además, detalló que existía una escala de precios para distintas prácticas sexuales, que iban desde 60 mil hasta 200 mil pesos.
Los aberrantes mensajes hallados en los celulares
Villalba ordenó una decena de allanamientos en la capital salteña, donde secuestraron celulares de los que hoy están imputados. En esos dispositivos encontraron fotos y videos de menores, pero también mensajes y audios de WhatsApp en los que las ofrecían a los clientes.
“Necesito una niña para una despedida de soltero”, decía un mensaje en uno de los chats peritados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El remisero le respondió: “Tengo una chica de 16″.
En otros teléfonos también se podía leer ofrecimientos para “una noche de aventura” o también para “después de un partido de fútbol con los pibes”. A medida que iban depurando los mensajes, los investigadores encontraban más material.
Hasta el momento, habría al menos 33 adolescentes que fueron explotadas sexualmente, pero no se descarta que haya más mujeres, ya que se pudo determinar que una vez que cumplían los 18 años de edad, “eran descartadas”.
Si bien el fiscal general identificó al remisero como el fundador de la banda y quien recibía dinero por coordinar los servicios sexuales, no fue el único que tenía a su cargo la captación, sino que los clientes también fueron imputados como parte de la red, ya que la mayoría de las menores contaron en sus declaraciones que estos hombres “les pedían que consigan más amigas”.
Cómo sigue la causa
La Justicia pidió la intervención de Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, y del Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, quienes asistieron psicológicamente a las víctimas. En la actualidad, las chicas siguen declarando en distintas Cámara Gesell.
En las últimas horas, el juez Julio Bavio hizo lugar al pedido de ampliación de la imputación penal contra los nueve acusados y ordenó la extensión del plazo de investigación hasta el 29 de mayo de 2026.
De los nueve detenidos, ocho están imputados como coautores del delito de trata de personas con la finalidad de promoción, facilitación y explotación sexual, agravada por la vulnerabilidad, la minoridad y cantidad de las víctimas; por el número de intervinientes y por haberse consumado su explotación. Cinco de ellos, en tanto, están acusados de ser miembros de una asociación ilícita destinada a la facilitación y promoción de la prostitución.
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La fiscalía imputó también la tenencia y distribución de material de índole sexual de menor a seis de los acusados; la corrupción de menores a otro de ellos; el abuso sexual de una menor de 13 años a dos acusados; y seis hechos de promoción y facilitación a prostitución agravada por ser víctimas menores de edad a dos imputados.
Con Información de TN.-
