La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay confirmó el mayor decomiso de marihuana en tránsito en la historia del país: 88.991 kilos de cannabis prensado, interceptados durante la “Operación Umbral” en Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú. El cargamento —valuado en más de 13,3 millones de dólares en el mercado brasileño— viajaba en un convoy de 19 vehículos que recorrió más de 120 kilómetros sin ser detectado por las autoridades policiales locales. El volumen y la logística del tráfico en Paraguay vuelven a encender alertas en Argentina, ya que gran parte de la marihuana que abastece al mercado ilegal argentino proviene de redes que operan en territorio paraguayo.
El operativo se ejecutó durante la madrugada del miércoles y estuvo a cargo de la Dirección de Inteligencia de la Senad, el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Ministerio Público. Durante la intervención hubo un enfrentamiento armado que dejó cinco detenidos, un integrante de la organización criminal abatido y otro herido. Todos los vehículos utilizados en el traslado fueron incautados.
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El ministro de la Senad, Jalil Rachid, denunció que el convoy circuló sin obstáculos por una ruta donde operan 11 comisarías policiales, sin que ninguna interviniera. “Los autos estaban cargados a tope y circularon campantemente en caravana”, afirmó, sin descartar connivencia policial. “Los agentes de la zona o están recibiendo pagos o, como mínimo, estaban durmiendo”, advirtió.
La polémica escaló cuando fueron hallados, en una zona de fuga, documentos del comisario Osvaldo Andino, director de Investigaciones de la Policía Nacional. Andino alegó que los papeles se le cayeron mientras “prestaba apoyo” a los agentes de la Senad, pero Rachid lo desmintió con contundencia: “Ningún policía participó del procedimiento”. El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, defendió a Andino, aunque ordenó el relevo de todos los agentes de las comisarías de la ruta, que ahora serán investigados por Asuntos Internos.
Este decomiso récord expone la magnitud de la industria ilegal del cannabis en Paraguay, considerado el mayor productor de marihuana de Sudamérica y el segundo del mundo después de Marruecos. La Senad calcula unas 21.000 hectáreas de cultivo, aunque especialistas sostienen que la cifra real podría multiplicarse por tres, con una producción anual que supera las 30.000 toneladas. El país ofrece condiciones ideales para el cultivo —clima subtropical, suelos fértiles y fronteras de difícil control—, especialmente en los departamentos de Amambay, Canindeyú, San Pedro, Concepción, Caaguazú, Alto Paraná e Itapúa.
En la última década, la incorporación de semillas modificadas genéticamente y mejores técnicas de cultivo multiplicó las cosechas hasta tres o cuatro ciclos por año, aumentando los volúmenes en regiones como Kambá Rembé. Paralelamente, organizaciones criminales brasileñas como el Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC) compraron tierras en Paraguay para instalar sus propias plantaciones y controlar toda la cadena de producción y tráfico.
Según el World Drug Report de Naciones Unidas, el 77% de la marihuana producida en Paraguay se dirige al mercado brasileño; 20%, a Argentina y Bolivia; y apenas 4% queda para consumo local. El “prensado paraguayo”, más barato pero de baja calidad, domina el mercado brasileño: se paga alrededor de 6 dólares por kilo en las plantaciones, llega a 45 dólares dentro de Paraguay, y supera los 1.200 dólares en Brasil. Si el destino final es Chile —vía Bolivia y Argentina— el precio puede alcanzar los 2.500 dólares por kilo.
La frontera Pedro Juan Caballero–Ponta Porã funciona como epicentro del narcotráfico regional. Allí confluyen las principales organizaciones brasileñas, disputándose violentamente el control de las rutas. Desde esa zona despegan las avionetas que lanzan cargas de droga sobre territorio argentino.
Mientras la producción ilegal mueve alrededor de 800 millones de dólares al año sin tributar, Paraguay intenta avanzar hacia un modelo regulado. La ley 6007, aprobada en 2017, autoriza el uso medicinal del cannabis bajo fuertes restricciones: desde 2020, solo 12 empresas han obtenido licencia y apenas una logró registrar un producto con THC. La contradicción persiste: la posesión de hasta 10 gramos está despenalizada, pero cultivar una planta puede implicar entre 5 y 15 años de prisión.
El Senado paraguayo debate ahora una reforma histórica que podría legalizar el uso adulto del cannabis desde marzo de 2025. El proyecto permitiría ventas reguladas en dispensarios y ofrecería a los campesinos hasta 25.000 dólares por hectárea de cultivo legal, lo que convertiría a Paraguay en el primer país de Sudamérica en habilitar cannabis recreativo para turistas.
Rachid aseguró que la Operación Umbral representa “un duro golpe a la logística criminal que utiliza territorio paraguayo como ruta de tránsito”, y subrayó que el decomiso es resultado de “trabajo de inteligencia estratégica y coordinación interinstitucional”.
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El procedimiento supera ampliamente el récord previo de 57.850 kilos, incautados el 23 de diciembre de 2024 en la colonia Marangatu. No obstante, incluso cifras tan impactantes apenas rozan la superficie de un negocio que mueve miles de toneladas al año y que involucra desde campesinos explotados hasta redes criminales transnacionales capaces de movilizar convoyes de casi 20 vehículos por rutas supuestamente vigiladas.
Con Información de LN.-
