Tras el violento operativo en las favelas de Penha y Alemão, en Río de Janeiro —que dejó decenas de cuerpos apilados por vecinos en las calles—, la Policía Civil aseguró que más del 95% de las personas fallecidas identificadas mantenían “vínculos comprobados” con el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales de Brasil.
El cuerpo policial divulgó un balance sobre 115 de los 117 civiles muertos durante la operación, sin incluir a los cuatro agentes de seguridad que también perdieron la vida. Según el informe, la gran mayoría de las víctimas tenían antecedentes criminales o estaban siendo buscadas por la justicia, mientras que las pruebas periciales de dos casos permanecen “inconclusas”.
ÚNETE A NUESTRO GRUPO DE WHATSAPP PARA ESTAR INFORMADO
Las cifras oficiales aún son confusas y varían según la fuente. La Defensoría Pública del estado reportó 132 fallecidos, mientras que el gobierno regional solo confirmó 121, de los cuales 117 serían civiles. De acuerdo con la Policía, al menos 97 de los muertos tenían antecedentes “relevantes” y 59 contaban con órdenes judiciales de detención.
Otros 17 no registraban antecedentes, aunque las autoridades señalaron que doce de ellos “mostraban indicios de participación en el narcotráfico” a través de sus publicaciones en redes sociales.
“El pequeño número de individuos neutralizados sin antecedentes ni imágenes portando armas no cambia el contexto. Si no hubiesen reaccionado ante los agentes, habrían sido detenidos”, declaró el secretario de la Policía Civil de Río de Janeiro, Felipe Curi, citado en el informe.
El reporte también indicó que 62 de los fallecidos no eran residentes del estado de Río de Janeiro. Entre ellos, la mayoría provenía de Pará (19), Bahía (12), Amazonas (9) y Goiás (9), además de otros estados como Ceará, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo y el Distrito Federal.
La investigación confirmó la presencia de líderes armados de al menos once estados del país vinculados al Comando Vermelho, que habrían buscado refugio en Río de Janeiro.
“El resultado de esta investigación muestra la magnitud del operativo. Fue un golpe contundente contra el crimen organizado. Entre los fallecidos que enfrentaron a las fuerzas policiales había varios líderes criminales”, aseguró el gobernador del estado, Cláudio Castro, en un comunicado.
El megaoperativo, que movilizó a unos 2.500 agentes, tenía como objetivo desmantelar estructuras del Comando Vermelho en las comunidades de Penha y Alemão. Sin embargo, la acción ha generado una fuerte controversia en Brasil y motivó pedidos de la ONU y de organismos de derechos humanos para que se realicen investigaciones independientes.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM PARA ESTAR INFORMADO
La Corte Suprema ordena preservar las pruebas
La Corte Suprema de Brasil instruyó al Gobierno de Río de Janeiro a garantizar la “preservación y documentación rigurosa” de todas las pruebas relacionadas con la operación policial.
En una resolución emitida el domingo, el juez Alexandre de Moraes ordenó que se resguarden los elementos materiales, peritajes y cadenas de custodia para asegurar la transparencia del proceso y permitir que el Ministerio Público lleve adelante una investigación exhaustiva.
Esta decisión se enmarca en una sentencia previa del Supremo Tribunal Federal, que establece nuevas normas para los operativos policiales en las favelas con el objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos. El máximo tribunal busca verificar si el Gobierno estatal cumplió con dichos protocolos durante la acción.
Con información de EFE.–
