Merlys Carolina Oropeza, una joven de 25 años de edad residente del sector Las Carolinas, en Maturín, Venezuela,fue excarcelada la noche del martes 22 de julio, tras haber sido condenada a 10 años de prisión por un tribunal local por la presunta incitación al odio a través de un mensaje publicado en su estado de WhatsApp.
La condena fue dictada por el Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Monagas en junio, luego de que Oropeza escribiera un mensaje crítico hacia una jefa del Clap, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024:
“Estas son las palabras de la jefa del Clap de Las Carolinas, calle 4. Qué triste ver a personas que prefieren la bolsa de gorgojos al futuro de sus hijos”, fue el texto que desencadenó su detención el 19 de agosto, luego de ser denunciada por un tercero que visualizó el estado.
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El caso generó conmoción tanto a nivel nacional como internacional, en un momento en que se intensifica el debate sobre los límites de la libertad de expresión en Venezuela y el uso de las leyes contra el odio como herramientas de represión.
Durante su encierro, Oropeza envió una carta expresando arrepentimiento y pidiendo disculpas a sus padres por el sufrimiento causado. Finalmente, el tribunal le otorgó libertad condicional, bajo régimen de presentación cada 30 días ante las autoridades judiciales.
La excarcelación fue confirmada por la exdiputada regional María Carvajal y también difundida en la cuenta de Instagram del ex preso político Ángel Aristimuño, pareja de Oropeza, quien compartió una fotografía familiar celebrando su liberación.
La medida se produce en el marco de una nueva ronda de excarcelaciones impulsadas por el gobierno de Nicolás Maduro, tras negociaciones con Estados Unidos, que incluyeron el canje de prisioneros venezolanos detenidos sin juicio en El Salvador por ciudadanos estadounidenses.
ONG como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón han contabilizado al menos 57 excarcelaciones en lo que va de julio. Sin embargo, también alertan que continúan produciéndose nuevas detenciones de activistas, dirigentes sindicales y sociales.
Oropeza ahora enfrenta el desafío de reconstruir su vida, mientras permanece bajo vigilancia judicial. Organizaciones defensoras de derechos humanos consideran su caso emblemático de cómo las leyes actuales pueden ser utilizadas para silenciar la crítica en entornos digitales.
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Con Información de soynuevaprensadigital.com y laopinion.co.-
