Un tribunal dominicano determinó en la madrugada de este jueves 19 de junio que Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, enfrentarán en libertad el proceso judicial por homicidio involuntario, tras el trágico colapso del local que dejó 236 muertos y más de 180 heridos hace dos meses.
La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para Antonio, dueño y gerente del club, y arresto domiciliario para su hermana Maribel, administradora del establecimiento. Ambos fueron detenidos el jueves pasado.
La jueza Fátima Veloz rechazó el pedido del Ministerio Público y ordenó en su lugar que los acusados paguen una fianza de 50 millones de pesos dominicanos (equivalentes a unos 842.500 dólares), se les prohíba salir del país y deban presentarse periódicamente ante los tribunales, según explicó el abogado defensor Miguel Valerio al salir de la audiencia.
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Colapso mortal durante un concierto de Rubby Pérez
La tragedia ocurrió el pasado 20 de abril, cuando el techo del club Jet Set se desplomó en medio de un recital del popular cantante de merengue Rubby Pérez, quien murió en el lugar junto a otras 235 personas.
Según el Ministerio Público, los propietarios del local “alteraron de manera significativa” la estructura del edificio, realizando modificaciones ilegales que comprometieron su estabilidad. Tras conocer el fallo, el fiscal Wilson Camacho anunció que apelarán la decisión de la jueza:
“El tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos ni la magnitud del daño que estos causaron a la sociedad dominicana. Esta decisión se burla de las víctimas”, afirmó.
Denuncias de negligencia, encubrimiento y poder empresarial
La Fiscalía sostiene que la tragedia fue resultado de una “operación negligente”, agravada por fallas estructurales y la utilización de materiales de baja calidad en obras no autorizadas. Además, acusa a los hermanos Espaillat de intimidar a empleados para evitar que preservaran pruebas claves en la investigación.
A raíz del hecho, familiares de las víctimas han iniciado más de 100 demandas civiles contra los acusados, quienes pertenecen a una influyente familia propietaria de medios de comunicación y cadenas de restaurantes. El Grupo Espaillat controla emisoras como Ritmo 96 y la cadena gastronómica La Terraza, lo que ha generado sospechas sobre posibles tratos preferenciales en el proceso judicial.
Un desastre sin precedentes y la presión por justicia
El colapso del Jet Set fue catalogado por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) como uno de los peores desastres civiles en la historia reciente de República Dominicana. Informes del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) revelaron que el edificio no contaba con refuerzos sísmicos adecuados, y que se habían hecho modificaciones no autorizadas en el techo y entrepisos.
El club Jet Set era una institución emblemática en la vida nocturna dominicana, conocido desde los años 80 por sus shows de merengue y salsa. El peso económico y social de sus dueños ha amplificado la indignación pública tras conocerse la medida de libertad bajo fianza.
Repercusiones legales y pedido de reformas
De acuerdo al Código Penal dominicano, el delito de homicidio involuntario —incluso agravado por negligencia grave— contempla penas de entre tres meses y dos años de prisión, lo que ha reavivado los debates sobre la necesidad de una reforma judicial que contemple sanciones más severas ante tragedias de este tipo.
Además, el pasado 17 de junio, la Procuraduría General informó que se abrió una investigación paralela contra inspectores municipales y funcionarios de Obras Públicas que autorizaron el funcionamiento del local, a pesar de múltiples denuncias vecinales sobre vibraciones estructurales durante eventos masivos.
El Ministerio Público insiste en que el caso no puede resolverse solo con sanciones administrativas o indemnizaciones económicas, y reitera su compromiso de buscar justicia para las víctimas.
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