La Fundación Apolo presentó este lunes una denuncia judicial en la que alerta sobre la existencia de una estructura transnacional vinculada a Nicolás Maduro, dedicada a perseguir y amenazar a exempleados públicos venezolanos que se encuentran exiliados. Según el escrito, el hijo de una exfuncionaria habría sido víctima de amenazas durante su residencia en Argentina.
El caso fue expuesto por José Zambrano, quien se comunicó con la fundación tras haber huido de Venezuela en 2017 junto a su esposa y su madre, una extrabajadora del Ministerio de Cultura. De acuerdo con su testimonio, su madre decidió abandonar el país tras tener acceso a información sensible relacionada con casos de malversación de fondos dentro de ese organismo.
Posteriormente, otros miembros de la familia se sumaron al exilio, pero las amenazas continuaron. La familia recibió mensajes intimidatorios por redes sociales, cartas manuscritas dejadas en sus domicilios y hasta fue incluida en listas negras del Gobierno Venezolano, lo que generó un constante estado de alerta. Finalmente, el grupo familiar se dispersó en distintos países.
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DENUNCIAMOS AL ESPIONAJE ILEGAL DE MADURO EN ARGENTINA
— Yamil Santoro (@yamilsantoro) May 12, 2025
Desde la @FundApolo denunciamos la red criminal que persigue a disidentes venezolanos en nuestro país y Latinoamérica. ¡Basta de dictadura!
Exigimos investigación y protección a los disidentes al régimen de Maduro. pic.twitter.com/kOIJMTC8sd
La madre y el hermano de Zambrano se establecieron en Chile en 2018, y en 2019 los acompañó su hermana, Ivanna. Mientras tanto, José se radicó en Argentina hasta mayo de 2024, cuando emigró a Estados Unidos. Durante su estadía en Buenos Aires, recibió amenazas con detalles sobre su vida personal, fue llamado desde números privados y seguido por vehículos sospechosos. Además, su madre —residente en el extranjero— también era contactada con datos precisos sobre su hijo.
Ivanna, por su parte, enfrentó una intensa persecución. Primero en Chile y luego en Colombia, donde también fue acosada junto a su esposo y su padre, este último afectado por un infarto. En una de las amenazas más graves, le dejaron una nota escrita que decía: “Les dijimos que se les acabó el tiempo. Tú y tu niña y tu hermano José en Buenos Aires tienen los días contados”. Desde 2021, Ivanna reside en Estados Unidos, donde pidió asilo político.
En 2024, Zambrano supo que había sido incluido en una lista de personas buscadas por la Policía Nacional Bolivariana, cuando un amigo le compartió una imagen en la que aparecía su rostro junto al de otros opositores al régimen.
“Estamos frente a un caso gravísimo de persecución política ejecutada fuera de las fronteras venezolanas, por una estructura que opera con métodos de inteligencia, acoso sistemático y amenazas contra exfuncionarios o críticos del Gobierno”, denunció el legislador porteño Yamil Santoro, uno de los referentes de la Fundación Apolo.
La organización sostiene que existen indicios de que esta red de persecución habría accedido a información migratoria e inteligencia reservada, lo que sugiere una posible complicidad de funcionarios o filtraciones dentro de organismos oficiales en Argentina.
La denuncia fue presentada por los delitos de asociación ilícita, encubrimiento y amenazas simples y agravadas. Desde la fundación advirtieron que el objetivo no es solo proteger a una persona, sino evitar que el territorio argentino sea utilizado como plataforma de operaciones de un régimen que persigue y silencia a sus opositores.
