Una jueza federal bloqueó este lunes el intento de la administración del presidente Donald Trump de cancelar anticipadamente el programa de parole humanitario que beneficia a cientos de miles de inmigrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses.
Indira Talwani, jueza del tribunal federal del distrito de Massachusetts, dictaminó que el gobierno actuó fuera del marco legal al intentar revocar de forma masiva y sin evaluaciones individuales los permisos de permanencia temporal otorgados bajo la administración de Joe Biden.
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La decisión representa un nuevo revés judicial para los esfuerzos de Trump por imponer cambios drásticos al sistema migratorio estadounidense. La jueza concluyó que no se cumplió con los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo y que tampoco se presentó una justificación sustancial ni un interés público que avalara la medida.
Talwani anuló específicamente la orden de finalizar el programa el 24 de abril y prohibió revocar los permisos y autorizaciones de trabajo sin un análisis caso por caso. También advirtió que quitar el estatus legal de manera sumaria dejaría a cientos de miles de personas sin la posibilidad de trabajar ni mantener a sus familias.
El fallo se da tras una demanda presentada por inmigrantes beneficiarios del programa y sus patrocinadores, quienes alegaron que una cancelación abrupta les causaría daños irreparables. La jueza coincidió, afirmando que muchos confiaron legítimamente en la vigencia de los permisos para establecerse y contribuir a sus comunidades.
El parole humanitario fue implementado en 2022 para ciudadanos venezolanos y ampliado en 2023 a cubanos, haitianos y nicaragüenses. El programa permite la entrada y residencia legal en EE.UU. durante dos años a través de patrocinadores, y solo puede ser revocado de manera individual, según la legislación vigente.
La administración Trump había argumentado que buscaba frenar la llegada al límite de los dos años de permanencia para facilitar deportaciones exprés. Sin embargo, la jueza calificó esa base legal como un «error evidente».
El fallo también prohíbe que USCIS notifique revocaciones a través de sus sistemas en línea, brindando un alivio inmediato a más de 530 mil personas que estaban en riesgo de perder su estatus legal y laboral.
Mientras el Departamento de Justicia aún no se pronuncia sobre la decisión, organizaciones defensoras de derechos humanos celebraron el fallo. “Nos sentimos aliviados. Esta decisión reconoce tanto el daño que sufrirían los afectados como su alta probabilidad de ganar el caso”, expresó la abogada Anwen Hughes, representante de los demandantes.
