Como un silencio a voces, así consideran los especialistas al mercado negro de vacunas Sputnik V contra el Covid19, cuyas dos dosis se comercializan en $10 en Táchira y en $150 en Lara. Una vacunación paralela e ilegal que exige una auditoría más exhaustiva por las autoridades sanitarias y así evitar exponer a la colectividad a la aplicación de un producto de dudosa procedencia, sin el efecto antiviral por la interrupción de la cadena de frío y un jugoso negocio delictivo, al aprovecharse de los biológicos del Estado con unas ganancias que pueden superar los $5.000 en una jornada de «inmunización» en el municipio Palavecino.
«No hay nada de seguridad por parte del gobierno», denuncia José Trujillo, quien fue presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional en 2.015, al exigir las responsabilidades ante la falta de una exhaustiva auditoría y seguimiento al Ministerio de Salud, que debe tener la relación exacta de cuántas vacunas se reciben, cantidad de aplicadas y restantes. Expresa que esta vacunación ilegal constituye un delito que requiere seguimiento, pero es difícil recabar las evidencias por tratarse de una negociación que evita transacciones electrónicas rastreables y se concreta con el pago en efectivo.
Rechaza a quienes incurren en el delito de comercializar una vacuna cuyo valor para el Estado es de $6 pero en el mercado negro puede subir hasta los $300, como ocurre en Maracay. «Si la guarda y custodia es del Ministerio de Salud, ¿cómo se están filtrando por los caminos verdes?», se pregunta, ante lo que explica daría pie a una especie de subregistro sin especificar exactamente cuántas dosis han sido aplicadas en los formales centros de vacunación.
También consideran que la autorización para la importación de las vacunas no se realizan desde laboratorios con particulares. Así lo cita la norma internacional, según Huniades Urbina, secretario general de la Academia Nacional de Medicina, al confirmar que se trata de convenios con Estados y es tan delicado que aún siendo instancias como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ?debe tener la anuencia del Ejecutivo nacional.
Urbina llama a la colectividad a evitar caer en el riesgo de una estafa, donde se trataría de biológicos sustraídos del país. Además de las implicaciones que posiblemente se utilicen los envases vacíos, sin la garantía que se trate de la propia vacuna y sea sustituido por vitaminas o hasta agua destilada. Una sensación de inmunización que puede confiar al paciente, al punto de relajar sin las pertinentes medidas de bioseguridad, cuando está la amenaza que pierda la efectividad, por violar la exigencia de la cadena del frío. «Las pueden aplicar ya desactivadas», lamenta de un tema delicado que atenta contra la salud.
La Prensa.-
