El ambicioso proyecto de reformas económicas del presidente argentino, Javier Milei, quedó en el limbo legislativo el martes, luego de que el oficialismo pidiera poner fin al debate en la cámara de diputados por falta de apoyo y volver a tramitarlo desde cero.
El paquete de medidas, conocido como la “Ley Ómnibus» por la gran cantidad de áreas sobre las que legisla, fue aprobado en general la semana pasada y avanzó hasta el inicio de la votación artículo por artículo, pero ahora volverá a discutirse en comisión al no haber puntos de consenso entre el gobierno y la oposición en capítulos clave como privatización de empresas públicas.
El traspié legislativo con la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos representa una dura derrota para el presidente ultraderechista que asumió hace menos de dos meses.
Considera que es una herramienta indispensable para el éxito de su programa económico, enfocado en la desregulación estatal, en medio de una inflación anual superior al 200%, que ha empujado a la pobreza a casi la mitad de los argentinos, y un abultado déficit fiscal.
“La casta se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas”, reaccionó el mandatario en la red social X, antes Twitter, desde Israel, donde se encuentra de gira. “Hay sectores de la política que se resisten a hacer los cambios que el país necesita. Van a tener que explicarle a la sociedad por qué”, señaló.
Milei dio a entender que podría retirar el proyecto. “Vamos a continuar con nuestro programa con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó nuestro país”.
En línea con su pensamiento libertario, Milei busca tumbar los cimientos en los que se ha basado la economía del país y apostar por la desregulación, así como limitar la intervención del Estado. Considera que las recetas populistas han fracaso y que su plan es la única salida para terminar con los padecimientos de la nación sudamericana tras sucesivas crisis.
Sin fortaleza en el Congreso —su partido La Libertad Avanza es tercera fuerza—, Milei impulsó un amplio paquete de reformas económicas, fiscales, políticas y sociales. Pero se topó con la resistencia de la mayoría de los gobernadores, a los cuales responden los diputados, que obligó al oficialismo a negociar con sectores de la oposición más moderada para lograr la aprobación del texto.
Durante el trámite en comisión, el gobierno retiró el paquete fiscal del proyecto y una reforma electoral, cedió en la cantidad y plazo de las facultades legislativas delegadas y redujo las empresas públicas a privatizar, entre otras, concesiones.
Si bien obtuvo la votación del proyecto en general, el oficialismo observó atónito como la oposición rechazaba o modificaba artículos en el mismo recinto durante la votación en particular.
El líder de la bancada oficialista, el diputado Óscar Zago, solicitó entonces que el proyecto vuelva a comisión, lo cual generó aplausos entre sus pares del peronismo —que gobernó hasta 2023— y de la izquierda, mientras en las afueras del Congreso grupos de izquierda y organizaciones sociales que vienen protestando desde la semana pasada contra el proyecto reaccionaron con algarabía.
Según el reglamento de la Cámara de Diputados, cuando un proyecto sancionado en general y parcialmente en particular vuelve a comisión, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna.
LaNación.-
