La ex tesorera nacional de Venezuela y ex enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EE.UU. a 15 años de cárcel y 3 años de libertad vigilada cada uno por lavado de dinero.
Además deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75.000 dólares cada uno, según anuncio el juez William P. Dimitrouleas en Miami.
La Fiscalía había pedido sentencias de no menos de 23 años y 5 meses de cárcel para ella y de 19 años y cinco meses para él.
Claudia Díaz Guillén pidió «compasión» al juez en una declaración en la que dice que le gustaría «colaborar» con EE.UU. pero no poder hacerlo por carecer de la información que ellos buscan.
La declaración fue incorporada al registro judicial del caso poco antes de la audiencia judicial en la que serían sentenciados ella y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, en Miami.
Cómo operaban
Según dice, decidió hace este escrito por miedo a que sus palabras no sean traducidas correctamente durante la audiencia.
«Estoy aquí hoy como una mujer derrotada. Mi familia y yo hemos vivido bajo la amenaza de muerte, cárcel y tortura por más de diez años. Mis hijos han perdido a ambos padres en la tierna edad de 14 y 4», comienza el escrito de la llamada «enfermera» de Hugo Chávez.
Ella y su esposo, que fueron extraditados desde España en 2022, fueron muy cercanos al que fuera presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 y dejaron el país y se trasladaron a España porque, según alega, sufrían persecución de parte del actual mandatario, Nicolás Maduro.
En 2022 fueron declarados culpables de cargos de lavado de dinero por un jurado de Fort Lauderdale (Florida).
La Fiscalía dice que hicieron una fortuna de 136 millones de dólares con una red de corrupción que aprovechaba el cargo de ella para beneficiarse del sistema de control de cambios vigente en Venezuela por entonces.
De acuerdo con la acusación formal, Díaz y su esposo recibieron pagos de compañías controladas por Raúl Gorrín -un magnate de los medios que también enfrenta cargos y actualmente está prófugo- en cuentas en Miami que supuestamente fueron usadas para financiar la lujosa vida de la pareja.
El gobierno asegura que el rol de la ex enfermera fue clave para la trama de negocios corruptos en los que participó Gorrín. Según los fiscales, a cambio de favorecer al empresario Díaz recibió pagos por unos 136 millones de dólares que su esposo ocultaba a través de la creación de compañías fantasma y cuentas bancarias en el extranjero. Parte de ese dinero llegó a Miami.
La pareja cambió completamente su estilo de vida de clase media y accedió a jets privados, yates, viajes internacionales y artículos de moda de lujosas marcas.
La fiscalía sustentó su caso en gran parte en el testimonio de uno de los predecesores de Díaz en la Oficina del Tesoro, Alejandro Andrade, quien declaró que Díaz prosiguió con un acuerdo financiero que él había concretado anteriormente con Gorrín.
Andrade, un exagente de seguridad presidencial que sacó provecho de su relación personal con Chávez para ascender y amasar una enorme fortuna, salió de prisión en 2021 luego de cumplir menos de la mitad de una sentencia de 10 años.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad con la fiscalía, renunció a más de 260 millones de dólares en efectivo y activos, entre ellos una mansión frente al mar en Palm Beach, vehículos de lujo y caballos de salto.
La defensa
En el escrito presentado al juez, Díaz Guillén dice que pecó de «ingenua» al aceptar ese cargo, que ejerció de 2011 a 2013, aparte de señalar las graves consecuencias que tendrá para su hijos y su madre el encarcelamiento de ella y su esposo en EE.UU.
«Con todo este sufrimiento y la devastadora pérdida de mis hijos y mi familia, afirmo ante este tribunal que si pudiera cooperar con las autoridades estadounidenses, lo haría. Sin embargo, como les dije repetidamente a los fiscales, no tengo la información que ellos están buscando».
«No me asocié con las personas de las que quieren información», señala sin dar detalles sobre esos supuestos requerimientos de la Fiscalía.
Díaz Guillen dijo que trabajó para el Gobierno durante 22 años y se vio obligada a dimitir por «cuestiones políticas».
«Mi marido fue expulsado de la país bajo amenaza de muerte. Nuestra propiedad fue confiscada. Los miembros de nuestra familia fueron torturados por la política. Fui tesorero durante 2 años de 22 años carrera de Gobierno. Si hubiera sabido que todo esto sucedería, no habría aceptado el puesto», señala.
Según Díaz Guillén, asumió con «la intención de arreglar los problemas en el Tesoro. Quería que Venezuela ganara dinero y gané dinero para el país como tesorera».
En el escrito cuenta sus penurias en las cárceles de Florida y afirma que es «una persona muy espiritual y religiosa» que ha formado grupos de oración en prisión y tratado de actuar como un consejero espiritual.
Clarin.-
