La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del Dr. Carlos Rolero Santurián.
A raíz de la denuncia de vecinos del lugar por emanaciones toxicas que afectan las vías respiratorias superiores y la vista, con irritaciones y dolores de cabeza, el fiscal solicitó diversas tareas de pesquisa en un establecimiento ubicado en la Avenida Cobo al 1700, que estuvieron a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y de la División Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, a los fines de probar la existencia de delitos o irregularidades.
De esta manera, se pudo establecer que los responsables de la actividad utilizaban un terreno no declarado y no habilitado desde el mes de diciembre de 2022. En el mismo, efectuaban los procesos productivos de fabricación de chasis, cúpulas y estructuras de los trailers y casas rodantes de manera encubierta, eludiendo los controles.
Por tal motivo, la UFEMA solicitó una orden de allanamiento al lugar, que fue autorizada por la titular del Juzgado PCyF N° 5, Dra. María Fernanda Botana. En el procedimiento se logró verificar que la fábrica se encontraba en pleno funcionamiento, pese a tener una clausura vigente por parte de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC) con intervención de la Unidad Controladora de Faltas 92, a cargo de la Dra. Valeria Gentelesca, quien ratifico la medida en comunicación con la UFEMA.
Además, se estableció que a consecuencia de los procesos productivos que se realizan en la clandestinidad, se generan residuos peligrosos tales como tachos de pintura, restos de solventes, resinas, pegamentos con tolueno y fibra de vidrio entre otros, los cuales no son acopiados ni separados correctamente.
Por tales motivos, se imputó a los responsables por las contravenciones de arrojar sustancias insalubres o capaces de producir daño al espacio público (art. 57 CC), por ejercicio ilegal de una actividad (Art. 86 CC), y por violar la clausura impuesta por la autoridad administrativa (Art. 83 CC).
Frente a los ilícitos ambientales graves constatados en flagrancia que afectaban las condiciones de seguridad medioambientales, el fiscal Rolero impuso la clausura preventiva judicial del establecimiento, hasta tanto se regularicen todas las cuestiones de funcionamiento, seguridad e higiene.
Finalmente, se intimó a la firma a que disponga legalmente de los residuos peligrosos acopiados dentro del previo y se acredite su traslado por un operador legal en la CABA.
