Su nombre comenzó a estar en los principales titulares del país cuando asumió como presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designado por la Asamblea Nacional de 2015. Ese tribunal se juramentó en la plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes en un evento que desafiaba al gobierno de Nicolás Maduro.
Luego de esa juramentación, los magistrados del TSJ se tuvieron que exiliar porque comenzaron a ser perseguidos por el gobierno de Maduro. A pesar de las dificultades que vivieron, Miguel Ángel Martín aseguró que es una decisión de la que no se arrepiente.
«Fue un acto importante, porque los magistrados del TSJ fuimos designados por un órgano legítimo. Era una respuesta de la Asamblea al plebiscito hecho al pueblo en el 2017, aunque después el régimen nos obliga a vivir un exilio». Así lo dijo Martín en conversación con El Nacional.
Apoyo de la Asamblea Nacional al TSJ
Una de las decisiones más importantes que tomó ese TSJ fue condenar a Maduro a 18 años de prisión. Sobre ese tema, Martín resaltó que no se avanzó con respecto a ese tema por las dificultades que encontraron en el exilio.
«Al no haberse recibido apoyo institucional de la Asamblea de 2015, y el hecho de estar en el exilio, el TSJ no avanzó en la ejecución de algunas sentencias que, en mi opinión, fueron relevantes y que requerían el aval diplomático desde el Parlamento venezolano», señaló.
Al hablar sobre el apoyo de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, se refirió a la polémica activación del artículo 187, numeral 11, sobre el que presuntamente se podía fundamentar la justificación de una intervención militar. Resaltó que la presidencia del TSJ no recibió el apoyo necesario para cumplir con lo que considera impulsaban acciones específicas por parte de la comunidad internacional.
—¿Cuál sería su balance sobre la situación en la que se encuentra el TSJ en el exilio?
—Yo me separé hace dos años del grupo de magistrados del TSJ, motivado a que algunos deciden crear una junta directiva paralela. Esto trajo como consecuencia la pérdida de apoyos institucionales obtenidos con dificultad, tales como la OEA, el Grupo de Lima, Departamento de Estado, parlamentos de varios países, además de muchas personalidades de la comunidad internacional. Pero la más grave, ha sido la pérdida de credibilidad ante la ciudadanía, quienes esperan una diferencia de aquellos que destruyeron nuestro país. Yo hice lo que estaba dentro de mis posibilidades. Pero los políticos de oposición metieron sus narices, aprovechando la distancia física de los magistrados del TSJ, las dificultades de vida, entre otros aspectos. Lograron así cooptar la institucionalidad que se estaba construyendo. Eso fue denunciado y causó mucho malestar dentro de las personalidades internacionales que creían y apoyaba la lucha de los magistrados como grupo. Lo que hacen ahora lo desconozco, y no tengo nada que ver en sus publicaciones en redes.
—¿Considera que valió la pena, en su momento, haber dado el paso de constituir el TSJ designado por la Asamblea Nacional de 2015?
—Fue un acto importante, porque los magistrados del TSJ fuimos designados por un órgano legítimo. Era una respuesta de la Asamblea al plebiscito hecho al pueblo en el 2017, aunque después el régimen nos obliga a vivir el exilio. No obstante, la mayoría de los magistrados creamos un órgano que por un tiempo fue una referencia de lo que la gente quiere para el país. Se libró una batalla donde varios países entendieran que existe un vacío de democracia y por ende de institucionalidad. Se trata de un país donde se usurpan los cargos de los poderes del Estado. Y además con presunción grave de que muchos de ellos cometieron varios delitos graves en contra del Estado, así como violaciones sistemáticas de derechos humanos. No se logró obtener el apoyo institucional de la Asamblea Nacional del 2015. Sin embargo, se hizo un trabajo importante desde y con la Secretaría General de la OEA para demostrar la falta de legitimidad del Poder Ejecutivo en Venezuela y la necesidad de sustituir los representantes de la nación para defender los altos intereses del país. Ese trabajo quedó, y muchos magistrados fueron importantes en estos logros.
—Han impulsado varias sentencias, una de ellas contra Maduro y otras medidas contra miembros de la oposición, ¿cómo han avanzado estos temas?
—Al no haberse recibido apoyo institucional de la Asamblea 2015, y el hecho de estar en el exilio, no se avanzó en la ejecución de algunas sentencias que en mi opinión fueron relevantes y que requerían el aval diplomático desde el Parlamento venezolano. Por ejemplo, la sentencia del caso Odebrecht que determinó un desfalco enorme a la nación, la cual no recibió apoyo del Parlamento, en el momento de ordenarse la captura ante Interpol, siendo que la orden firmada por mi persona, no fue trabajada por la vía de la diplomacia, tal como lo ordenan nuestras leyes. Por supuesto, queda sin ejecución.
Tampoco se recibió apoyo de la Asamblea 2015 en otras decisiones como la necesidad de un canal humanitario, sentencia bajo la ponencia de la magistrada Elenis Rodríguez. Además de todas las peticiones que se realizaron desde la Presidencia en el marco de esa sentencia, especialmente sobre el auxilio humanitario y la recomendación de que sea discutido en el Parlamento la aceptación de la ayuda internacional para seguir los pasos establecidos en la Constitución.
Muy lamentable, la falta de apoyo de la Asamblea 2015, salvo algunos diputados de la Fracción 16 de Julio, de trabajos que se hacían desde la Presidencia del tribunal bajo la normativa de Responsabilidad de Proteger que impulsaba acciones específicas desde la comunidad internacional.
Aquí, algunos magistrados en reuniones privadas y en las mismas redes sociales atacaban la postura asumida desde la presidencia del tribunal. De esta manera, obraron en contra de la Responsabilidad de Proteger, convirtiéndose en verdaderos obstáculos de las acciones que derivaron del R2P, como las sanciones a personas del régimen. Así como la apertura de juicios internacionales por casos de corrupción y narcotráfico, retiro de visados, congelación de bienes que presumen ser de la corrupción. En fin, todas estas circunstancias afectaron la actividad que se realizaba desde la presidencia del TSJ.
En cuanto a otros espacios trabajados por lograr la democracia, se hicieron varios llamados a la Asamblea Nacional para que se conformara un gobierno separado del Parlamento. Así como otros temas que deberían ser trabajados desde la designación de lo que fue el gobierno interino, haciéndose caso omiso a las recomendaciones y sugerencias formuladas siempre de manera respetuosa desde la presidencia del TSJ.
La entrevista completa puede leerla en El Nacional.
La Asamblea, con la llegada del gobierno interino, ofreció unos estipendios como los pagados a diputados y funcionarios del interinato. Estas ofertas fueron utilizados en la campaña política de la junta paralela del tribunal, anunciando que tenían todos “los contactos” con Juan Guaidó. Al final todo fue una burla y no se les asignó cantidad alguna, y no me incluyo, porque desde el principio envié sendos oficios señalando que no aceptaba los mecanismos y procedimientos que estaban utilizando en ese momento.
Por eso, yo creo que esa camada política de la oposición no tiene ningún interés en la justicia y menos en un sistema de justicia independiente. La mayoría de los magistrados se prestaron hacerle el juego a esos grupos políticos, y no se les cumplió la oferta. Eso queda en sus conciencias.
