El caso se inició a partir de la denuncia de vecinos por el arrojo de residuos patogénicos directamente en los contenedores de desechos domiciliarios por parte del establecimiento, ubicado en la calle Ramón Falcón al 6900, que ya había sido clausurado en febrero tras una inspección ordenada también por la UFEMA. Además, se sumó una nueva denuncia por la emisión y adulteración de certificados médicos relacionados al Covid.
Frente a esta situación, el fiscal Rolero Santurián solicitó una orden de allanamiento al lugar, que fue autorizada por el juzgado.
El procedimiento fue realizado por personal de la División Delitos Contra la Salud de la Policía de la Ciudad, del Departamento Federal de Investigación de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, y de la Agencia Gubernamental de Control del GCBA.
En el procedimiento se logró verificar que el establecimiento se encontraba violando la clausura administrativa y que no contaba con la autorización necesaria para la actividad sanitaria. Además, se comprobó que en el lugar se acopiaban indebidamente residuos patológicos, y que no presentaba el registro ni la habilitación correspondiente para su tratamiento.
Asimismo, se detectó que el establecimiento no tenía un médico director responsable. El allanamiento permitió secuestrar material de interés para la investigación, como documentación y otros elementos.
Ante tal situación, el fiscal Rolero imputó a los responsables por las figuras de violación de clausura agravada por su actividad crítica, falsificación de documento público y privado y acopio indebido de residuos patogénicos.
Finalmente, a la clausura vigente por parte de la DGFyC por rechazo de la habilitación se agregó la del Ministerio de Salud por no estar registrada ni habilitada ninguna actividad o practica de la medicina.
Ministerio Público.–
