A días de las elecciones legislativas, el pueblo se enfrenta al Gobierno por la inseguridad

Ni en el escenario más pesimista el Gobierno se imaginaba llegar al último tramo de la campaña reprimiendo una protesta popular en contra de la inseguridad en su principal bastión electoral, La Matanza.

Fueron dos jornadas consecutivas de intensas manifestaciones. La primera con la herida social recién abierta, a pocas horas del crimen del kiosquero de Ramos Mejía. La otra sucedió anoche, cuando una multitud de vecinos marchó hacia la comisaría 2° que está a tres cuadras de donde Roberto Sabo fue asesinado de un disparo en la cabeza el último domingo. Un triple vallado policial impidió que la gente se acercara. Hubo forcejeos, gases lacrimógenos, botellazos, piedrazos y el grito de “que se vayan todos” contra políticos, jueces y legisladores, y un pedido constante por seguridad, justicia y perpetua para Leandro Daniel Suárez, el hombre sindicado como el autor del homicidio.

La inseguridad es una de las principales preocupaciones de la gente desde hace al menos una década. Trascendió a los años de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri y persiste en la gestión de Alberto Fernández. Incluso se mantuvo como un tema latente en los meses más críticos de la pandemia de COVID-19.

El Gobierno está sorprendido, de ninguna manera esperaba que el asesinato del kiosquero derivara en tamaña manifestación popular donde por primera vez, en dos años de mandato, respondió con represión. Algo alejado a la estrategia proselitista del Frente de Todos tras la derrota en las PASO, que apunta a medidas concretas y a corto plazo para generar un contexto anímico positivo, la campaña del sí.

La marcha contra la inseguridad, y su posterior represión, atenta contra los manuales del oficialismo. Sobre todo al haber sucedido en el distrito donde el peronismo ha sabido definir elecciones. Desde el punto de vista económico, Ramos Mejía era una típica localidad de clase media que ahora es de clase media-baja producto de las reiteradas crisis. Desde el punto de vista político, pese a pertenecer a La Matanza allí se concentra un voto crítico contra el peronismo.

La Matanza es uno de los distritos oficialistas del conurbano donde el Kirchnerismo focalizó este segundo tramo de la campaña para recuperar el voto propio que en las PASO eligió otra opción o directamente ni se acercó a las urnas. Semanas atrás el propio Alberto Fernández visitó la intendencia de Fernando Espinoza.

Frente a semejante movimiento de réplica popular, en Casa Rosada medirán con extrema cautela cualquier definición antes de hacerla pública. A priori, guardarán silencio sobre el caso del kiosquero asesinado, en parte porque desconocen como tratar un tema tan sensible a tan poco de las elecciones y también porque el hecho ocurrió en un municipio donde los votos para el oficialismo están asegurados. Además tampoco pueden culpar la oposición ya que desde la vuelta de la democracia allí siempre gobernó el Partido Justicialista.

En el Frente de Todos sospechan de algún tipo de movimiento opositor detrás de la ebullición social que se vivió ayer en Ramos Mejía. Pero como no lo pueden probar, no lo pueden decir.

Según publica el medio Infobae, el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández se puso a disposición de la Provincia pese a la interna con Sergio Berni. Recientemente desplegó seis mil agentes federales en el conurbano: había mandado 4.500 gendarmes a La Matanza y, tras la reacción de los vecinos de Ramos Mejía, este lunes mandó 500 más.

Entre Nación y Provincia hay desconfianzas mutuas, más allá del afecto entre Aníbal Fernández y Berni. Pese a los cambios de Gabinete, el ministro bonaerense recrudeció su enojo contra la gestión de Alberto Fernández tras la derrota en las PASO. Mientras que en Casa Rosada lamentan -mascullando bronca- estar recibiendo el impacto del crimen del kiosquero cuando la seguridad del área corresponde a la administración bonaerense, precisamente a Berni.

Infobae