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La administraci\u00f3n Trump invoc\u00f3 la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 \u2014una norma utilizada hist\u00f3ricamente en contextos de guerra\u2014 para justificar la deportaci\u00f3n de los venezolanos, a quienes acus\u00f3, sin presentar pruebas, de integrar el Tren de Aragua, una organizaci\u00f3n criminal transnacional catalogada como terrorista.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEste Tribunal determina que los demandantes no debieron haber sido expulsados de la manera en que lo fueron, pr\u00e1cticamente sin previo aviso y sin oportunidad de impugnar los fundamentos de su expulsi\u00f3n, en clara violaci\u00f3n de sus derechos al debido proceso\u201d, sostuvo Boasberg en su fallo, que representa un nuevo rev\u00e9s judicial para el gobierno de Trump.<\/p>\n\n\n\n
La demanda fue presentada por la Uni\u00f3n Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, organizaciones que argumentaron que las deportaciones fueron ilegales y que El Salvador encarcel\u00f3 a los venezolanos a cambio de un pago del gobierno estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
En su resoluci\u00f3n, el juez advirti\u00f3 que \u201cno se puede permitir que una expulsi\u00f3n acelerada anule el derecho al h\u00e1beas corpus\u201d, y alert\u00f3 que, de aceptarse ese criterio, el gobierno podr\u00eda \u201csecuestrar a cualquier persona en la calle, entregarla a un pa\u00eds extranjero y eliminar toda posibilidad de recurso legal\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El caso, vinculado a la aplicaci\u00f3n de la Ley de Enemigos Extranjeros, puso bajo fuerte escrutinio a la administraci\u00f3n Trump por presuntas violaciones al debido proceso, un derecho protegido por la Constituci\u00f3n estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
Tras meses de reclamos por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos, los venezolanos fueron finalmente enviados de regreso a su pa\u00eds en julio pasado, en el marco de un intercambio de rehenes entre Estados Unidos y el gobierno de Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n\n\n\n Boasberg tambi\u00e9n investiga si funcionarios del gobierno de Trump desobedecieron una orden judicial previa que prohib\u00eda los vuelos de deportaci\u00f3n hacia El Salvador.<\/p>\n\n\n\n En noviembre, el magistrado anticip\u00f3 que llamar\u00eda a declarar al menos a dos personas vinculadas al caso: Erez Reuveni, un exinformante del Departamento de Justicia (DOJ) que fue despedido, y Drew Ensign, un abogado del mismo organismo, a quien Reuveni acus\u00f3 de haber enga\u00f1ado al tribunal sobre los vuelos de migrantes, seg\u00fan informaci\u00f3n citada por The Washington Post<\/em>.<\/p>\n\n\n\n En una resoluci\u00f3n anterior de m\u00e1s de 40 p\u00e1ginas, Boasberg sostuvo que el Ejecutivo actu\u00f3 con \u201ccompleto menosprecio\u201d hacia una orden judicial que exig\u00eda frenar el traslado de los migrantes al pa\u00eds centroamericano.<\/p>\n\n\n\n![\"\"\/](\"https:\/\/eldiario.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Cecot-004-1200x802.jpg.webp\")
<\/figure>\n\n\n\nInvestigan posible violaci\u00f3n de una orden judicial<\/mark><\/strong><\/h3>\n\n\n\n