El gobierno de Javier Milei arremetió este jueves contra la jueza Karina Andrade, quien emitió un fallo en las primeras horas de la mañana ordenando la liberación de parte de los 124 detenidos el miércoles durante la marcha por los jubilados en las inmediaciones del Congreso. En la protesta se registraron numerosos episodios violentos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de dar la respuesta oficial y acusó a la magistrada de “militar la impunidad”.
En medio de los disturbios ocurridos en el centro porteño, donde participaron jubilados, hinchas, barras, sindicatos y organizaciones sociales, la Policía de la Ciudad detuvo a 94 personas. Sin embargo, en las primeras horas del jueves, la jueza Andrade ordenó la liberación de 71 hombres y 23 mujeres, mientras que diez personas más detenidas por fuerzas federales quedaron bajo la órbita de la Justicia de la Ciudad. Ante esta decisión, el gobierno de Milei reaccionó con dureza, calificando el fallo como un respaldo a la impunidad.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE TELEGRAM PARA ESTAR INFORMADO
“El fallo de la jueza Karina Giselle Andrade, que liberó a los 114 detenidos responsables de destruir la ciudad de Buenos Aires y atacar a las fuerzas de seguridad, es un claro ejemplo de la justicia de la puerta giratoria, que es responsable directa de la inseguridad en Argentina”, expresó Adorni.
La jueza Karina Giselle Andrade dio la orden de liberar a los 114 detenidos que junto a muchos otros ayer destruyeron la Ciudad de Buenos Aires y atacaron a las fuerzas de seguridad.
— Manuel Adorni (@madorni) March 13, 2025
La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en la Argentina. Los…
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se mostró crítico: “Si se detienen a 130 o 140 personas y en pocas horas una jueza considera que, como estaban defendiendo derechos, no puede aplicarse la flagrancia sin vulnerar derechos, la ley está siendo interpretada de manera equivocada, lo que facilita la impunidad y dificulta combatir la violencia de sectores extremos”, afirmó, sin mencionar a Andrade directamente.
En su fallo, la jueza Andrade no se pronunció sobre el fondo de la cuestión ni sobre la investigación de la fiscalía, pero explicó que no podía aplicar el trámite ordinario de flagrancia debido a la imprecisión de la información proporcionada por las fuerzas de seguridad. En su decisión, subrayó que no se había presentado evidencia de delitos graves como la portación de armas, lesiones o incendio de bienes públicos. Además, recordó que la Constitución protege específicamente a los adultos mayores, quienes estaban en el centro de la protesta.
“La protesta, la libertad de expresión y el derecho a manifestarse son derechos constitucionales fundamentales, especialmente cuando se trata de un sector vulnerable como los adultos mayores”, destacó la jueza. Sin embargo, señaló que estos derechos no son absolutos y, en democracia, todas las personas deben poder expresarse y manifestar su disconformidad con las decisiones gubernamentales.
Andrade explicó que, debido a la complejidad de los derechos involucrados, no podía aplicarse el procedimiento de flagrancia y, por lo tanto, dispuso la liberación inmediata de los detenidos.
Según la página oficial del Poder Judicial de la Ciudad, Andrade nació en 1982 y es abogada especializada en Derecho Penal, egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2007. Además, tiene un posgrado en Derecho Penal de la Universidad Torcuato Di Tella. Ingresó al Poder Judicial en 2004 y, desde 2021, ocupa el cargo de jueza de primera instancia en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas, donde emitió el fallo que desató la polémica.