A tres semanas del vencimiento del TPS para venezolanos, un beneficio migratorio que protege a 348.000 de estos nacionales, Doral, la ciudad con mayor concentración de migrantes venezolanos en Estados Unidos, ya está experimentando sus consecuencias, según lo afirmaron a EFE políticos, empresarios y residentes.
Conocida como «Doralzuela», esta ciudad ubicada al noroeste de Miami alberga a más de 84.000 residentes, de los cuales más del 40% tienen raíces venezolanas.
«Gran parte de nuestra comunidad venezolana tiene TPS. Muchos son dueños de negocios y otros trabajadores que han jugado un papel fundamental en mantener nuestra economía en crecimiento», señaló el concejal Rafael Pineyro, nacido en Caracas. Según la Alcaldía, Doral cuenta con ciudadanos de 18 países, pero «en cada empresa y negocio, se encuentran empleados venezolanos, muchos de ellos trabajando legalmente gracias al TPS», agregó Pineyro.
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Fundada en 2003, Doral pasó de ser una zona principalmente rural a convertirse en una de las áreas más dinámicas del área metropolitana de Miami, que forma parte del condado de Miami-Dade. Allí tienen sede las principales cadenas de televisión en español, Telemundo y Univisión, el gigante de los cruceros Carnival, las aerolíneas Avianca y El Al, así como el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU.
La vicealcaldesa Maureen Porras advirtió que Doral podría enfrentar un «colapso económico devastador» si la comunidad venezolana disminuye en la ciudad.
El TPS, otorgado a dos grupos de venezolanos desde 2021 (con un segundo grupo cuyo beneficio vence en septiembre), «permitió a muchos en la comunidad establecer vínculos financieros, como la compra de vehículos e incluso hipotecas», añadió el concejal.
Inmigrantes se esconden
El temor sobre lo que sucederá a partir del 7 de abril, cuando expira el primer TPS, ordenado por el gobierno de Donald Trump, se siente en cada rincón de Doral.
«La gente ya ha comenzado a esconderse y ahorrar. Tengo muchos amigos con TPS que se están preparando para vivir como indocumentados», contó un vendedor de un concesionario de autos, quien, al igual que otros entrevistados, pidió anonimato.
Este mismo vendedor reveló que su empresa ha registrado la devolución de 162 vehículos en las últimas semanas. «Los habían adquirido para trabajar en negocios de reparto de comida o productos de supermercado, o como chóferes de Uber y Lyft, pero tienen miedo de que eso los haga más vulnerables en caso de redadas de deportación», explicó.
La encargada de un servicio de lavado de vehículos también señaló que el tráfico de clientes ha caído un 50% desde que se anunció la decisión de no renovar el TPS. Aseguró que las ventas han bajado aún más. «Ya nadie pide el servicio ‘premium’ (el más costoso)», añadió. Varios locales de la ciudad muestran anuncios buscando empleados. «Nadie con TPS quiere estar en servicio al público», comentó una vendedora de una tienda de alimentos.
El emblemático restaurante El Arepazo, considerado el epicentro de los venezolanos en la zona, ha visto una reducción en su clientela. «Nunca lo había visto así. Antes había que hacer cola (fila) todo el tiempo, especialmente durante el almuerzo», contó un comensal solitario.
Manny Sarmiento, presidente de la Cámara de Comercio de Doral, señaló que la situación actual se debe a la «incertidumbre», pero advirtió que los efectos más graves se verán a largo plazo.
«El verdadero daño lo veremos a lo largo del año, cuando descubramos quiénes se autodeportaron, quiénes decidieron quedarse y arriesgarse a la cárcel o deportación, y si habrá redadas en la ciudad para capturar a los criminales indocumentados», alertó.
En un intento por revertir la decisión, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han presentado una demanda en un tribunal federal en Boston, argumentando que la aceleración del fin del TPS podría estar motivada por prejuicios raciales, lo que violaría la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
En 2023, residían aproximadamente 900.000 personas de origen venezolano en el país, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos.
El concejal Pineyro indicó que, aunque la iniciativa pueda postergar el fin del TPS, sería una solución temporal.
«Nuestra meta como comunidad es encontrar una solución permanente para los venezolanos, y para los inmigrantes de bien, sean de donde sean, que sigan beneficiando a sus comunidades y a todo el país», subrayó.
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Con información de ElNacional.-
