El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Venezuela reiteró este viernes 13 de diciembre su exigencia de salvoconductos para Claudia Macero y Omar González, trabajadores de prensa asilados desde hace nueve meses en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas.
A través de un comunicado publicado en X, el CNP recordó que ambos periodistas, junto con otras cuatro personas, buscaron refugio en la sede diplomática tras ser acusados por la Fiscalía de delitos como conspiración y traición a la patria.
Denuncias de asedio y precariedad
Desde el 23 de noviembre, los asilados han denunciado un cerco policial permanente alrededor de la residencia, además de la suspensión de servicios básicos como electricidad y agua potable. Esta situación fue confirmada por Macero en declaraciones a EFE, mientras que el ministro de Interior, Diosdado Cabello, negó los señalamientos y los calificó como “farsa”.
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El CNP señaló que Macero y González, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, son víctimas de persecución política por parte del gobierno venezolano. “La verdad no debe ser silenciada. Informar no es delito”, expresó el gremio, enfatizando la defensa del ejercicio periodístico.
Apoyo internacional y solicitud de salvoconductos
Argentina, Estados Unidos, Chile y otros 10 países presentaron una declaración conjunta en la Organización de Estados Americanos (OEA), exigiendo la entrega inmediata de salvoconductos para los seis asilados, permitiéndoles salir del país sin ser arrestados.
Por su parte, Estados Unidos y la Plataforma Unitaria Democrática también han instado al gobierno de Nicolás Maduro a cumplir con este compromiso, respaldándose en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, ratificada por Venezuela y Argentina.
Contexto diplomático y pronunciamiento de Argentina
Desde agosto, la Embajada de Argentina en Caracas está bajo la protección de Brasil tras la expulsión de los diplomáticos argentinos. En septiembre, el gobierno venezolano revocó esta autorización, acusando a los asilados de planificar actos terroristas.
El 7 de diciembre, la Cancillería argentina, encabezada por el gobierno de Javier Milei, expresó su «máxima preocupación» por la crítica situación de los asilados y urgió a Nicolás Maduro a garantizar su salida segura. Además, hizo un llamado a las Naciones Unidas, la OEA y la comunidad internacional para tomar medidas firmes y urgentes.
La comunidad internacional sigue presionando para que se respete el derecho al asilo diplomático, mientras los asilados enfrentan condiciones cada vez más precarias y una constante incertidumbre sobre su futuro.
