La Cámara de los Comunes británica aprobó, con 330 votos a favor y 275 en contra, la propuesta de ley presentada por la diputada laborista Kim Leadbeater para legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales. Esta diferencia de 55 votos permite que el proyecto continúe su trámite parlamentario, avanzando hacia la Cámara de los Lores para la revisión de enmiendas y un eventual voto final que podría tomar meses.
El debate, que se extendió durante todo el viernes 29 de noviembre, contó con la libertad de voto para los parlamentarios, al tratarse de un tema de conciencia. Incluso el primer ministro británico, Keir Starmer, quien hasta ahora había mantenido una posición neutral, votó a favor de la propuesta.
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La propuesta de ley
La «Proposición de Ley de Fin de Vida para Adultos con Enfermedades Terminales», impulsada por Leadbeater a título personal, busca legalizar que mayores de 18 años con enfermedades terminales en Inglaterra y Gales puedan solicitar asistencia para morir, siempre y cuando cumplan con estrictos requisitos.
Entre las condiciones se incluye ser residente de Inglaterra o Gales, estar registrado al menos 12 meses con un médico de cabecera, tener una expectativa de vida menor a seis meses, y demostrar capacidad para tomar decisiones y expresar un deseo “claro, firme, informado y libre de coerción”.
Los solicitantes deberán realizar dos declaraciones firmadas con testigos, ser evaluados por dos médicos, y obtener una orden judicial. Además, aunque un médico podría preparar el compuesto letal, la ingesta debe ser realizada exclusivamente por el propio solicitante.
Medidas de protección
A diferencia de iniciativas anteriores, esta propuesta incorpora salvaguardas legales más rigurosas. Se penaliza con hasta 14 años de prisión a quienes presionen, coaccionen o engañen a alguien para que solicite asistencia para morir.
Reacciones y manifestaciones
Mientras se debatía la ley, organizaciones y ciudadanos se congregaron frente al Parlamento para expresar tanto su apoyo como su rechazo. Entre los manifestantes se encontraban colectivos de personas con discapacidades, quienes expusieron argumentos divididos en torno al impacto ético y social de la medida.
Este avance legislativo reaviva el debate sobre el derecho a una muerte digna y las implicaciones legales y morales que conlleva.
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