El Gobierno permitirá a las universidades cobrar aranceles a los extranjeros no residentes. El presidente Javier Milei reglamentará el capítulo educativo de la Ley Bases, que establece criterios para la distribución de recursos entre las instituciones de educación superior, considerando la relación entre la cantidad de alumnos y graduados.
Esta decisión genera controversia, ya que las universidades actualmente aceptan la inscripción de extranjeros solo cuando se nacionalizan argentinos.
Altas fuentes oficiales han revelado que la reglamentación ya está lista y se oficializará en los próximos días a través del Ministerio de Educación, dirigido por Federico Sturzenegger. “Teóricamente, las condiciones ya están dadas para su envío”, aseguran funcionarios cercanos al secretario de Educación, Carlos Torrendell. Sin embargo, la oficialización podría verse afectada por el reciente veto presidencial, y algunos dentro del Ministerio de Educación sugieren que el anuncio se realizará después del debate en Diputados, previsto para el 9 de octubre.
La reglamentación se deriva del capítulo educativo de la primera Ley Bases, que fue desestimada en enero y luego recortada por el Ejecutivo. La iniciativa habilitará a las universidades a decidir si cobrarán aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes, algo que actualmente está prohibido en el país.
Además, la normativa cambiará los criterios para la distribución del presupuesto, enfocándose en la cantidad de alumnos y egresos. También incluirá la evaluación de docentes secundarios y del sistema educativo, según fuentes del Ministerio.
A pesar de que algunos sectores universitarios consideran que los principales lineamientos de la iniciativa no generan un conflicto inmediato, han señalado que no han sido informados sobre la normativa. Existe preocupación de que cualquier punto controvertido podría desencadenar un escenario similar al rechazo del DNU de Milei, que aumentó los gastos reservados a la SIDE.
“No ha habido ninguna convocatoria. Desde que asumió el Gobierno, la UBA no ha sido consultada sobre nada”, afirmó Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires.
“Si se recorta drásticamente el presupuesto universitario, como planea Milei para 2025, con un presupuesto anual de 3,8 billones de pesos, que representa solo el 0,43% del PBI —es decir, la mitad de lo destinado este año—, no habrá posibilidad de realizar reformas”, agregó Yacobitti, quien mantuvo un fuerte cruce con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusándolo de implementar un financiamiento universitario similar al de países como Venezuela y Nicaragua.
Cabe destacar que el decreto que prepara el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado prácticamente no ha contado con la participación de Álvarez, sino que ha sido delineado por el ministro Carlos Torrendell. Álvarez se prepara para enfrentar los desafíos del conflicto por el financiamiento, y el lunes se llevará a cabo una “comisión técnica” que evaluará el desfase entre el porcentaje del salario docente ofrecido por el Gobierno, del 6,8%, y los sueldos de los empleados estatales.
Desde los gremios docentes, se argumenta que uno de los motivos por los cuales no aceptaron la oferta del Gobierno fue que la cifra ofrecida no equipara a los docentes con los trabajadores estatales.
