En una audiencia preliminar telemática, la jueza Keidimar Ramos Castillo, titular del Tribunal 2° con competencia en terrorismo, decidió llevar a juicio a siete menores de entre 15 y 17 años de edad, acusados de terrorismo, incitación al odio, obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad durante las protestas generadas tras los resultados electorales.
Este es el segundo grupo de adolescentes en ser enviado a juicio en el estado Carabobo (Venezuela). El pasado viernes, otros dos jóvenes menores de edad recibieron una decisión similar.
Una audiencia de pocas esperanzas
La audiencia comenzó alrededor de las 2:00 de la tarde del miércoles. Los familiares, tras 62 días de espera, albergaban la esperanza de que, con las pruebas presentadas ante la defensoría pública, como constancias de estudios, certificaciones deportivas y declaraciones de testigos, sus hijos fueran liberados. Sin embargo, esto no ocurrió.
La jueza ofreció a los siete jóvenes un acuerdo: si se declaraban culpables, recibirían una condena de 6 años y 8 meses sin beneficios procesales. De lo contrario, enfrentarían un juicio con la posibilidad de cumplir una pena de 10 años, solicitada por la fiscalía. Ninguno aceptó el acuerdo, por lo que fueron enviados a juicio sin posibilidad de beneficios.
Denuncias de tortura
Los siete adolescentes, entre ellos una niña de 16 años, comparten un sombrío denominador común: todos fueron detenidos entre el 29 y 30 de julio y están recluidos en comandos policiales de Valencia y Libertador. Según los familiares, fueron sometidos a torturas tras su detención. En algunos casos, sufrieron golpizas que les hicieron perder piezas dentales, mientras que otros fueron sometidos a descargas eléctricas. Ninguno de los exámenes forenses solicitados por sus familiares se llevó a cabo.
Bajo coacción, grabaron videos en los que admitían haber recibido 30 dólares para protestar. A pesar de las súplicas de los menores por su libertad durante la audiencia, la jueza no los escuchó.
Una defensa insuficiente
Kelly Pérez, defensora pública asignada al caso, intervino brevemente durante la audiencia. Según los familiares, sus declaraciones apenas alcanzaban los dos minutos, y no presentó todos los documentos entregados por los padres para demostrar la inocencia de los jóvenes. La jueza confirmó que «la defensa no promovió nada», y negó cualquier solicitud de medidas cautelares.
La frustración de los padres crece al sentirse sin derecho a una defensa adecuada. Además, denunciaron que la audiencia preliminar se realizó 62 días después de la detención, en lugar de los 10 días que establece la ley.
Un futuro en peligro
Entre los detenidos, uno de los menores fue arrestado mientras jugaba béisbol en una cancha. Su madre relató cómo no pudo abrazarlo en su cumpleaños, ya que cumplió 16 años de edad en prisión. A pesar de ser un prometedor deportista, con interés de equipos importantes en su desarrollo, la jueza rechazó la solicitud de una medida cautelar que le permitiera continuar con sus estudios y su vida normal.
Otro de los jóvenes es músico y fue detenido mientras caminaba hacia su casa después de un ensayo. Su madre denunció que las autoridades mintieron en la audiencia al decir que su hijo fue arrestado frente al Fuerte Paramacay. Además, los documentos que acreditaban sus estudios y actividades deportivas, entregados a la defensora pública, desaparecieron, según la jueza.
Uno de los casos más dramáticos es el de la niña de 16 años de edad, detenida mientras comía en un puesto de comida. Durante su arresto, fue golpeada y obligada a grabar un video incriminando a la hermana de una figura política opositora. Además, su madre denunció que la joven ha sido víctima de acoso sexual y agresiones en el centro de reclusión, lo que la ha llevado a intentar suicidarse.
Denuncias y solidaridad
Los padres nunca han tenido acceso al expediente de sus hijos, lo que ha generado mayor desesperación. «Nos dicen que es ilegal, pero nosotros somos parte del proceso. No sabemos ni siquiera qué delitos se les imputan realmente«, expresó uno de los padres.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón expresó su solidaridad con las familias y condenó la situación que enfrentan los adolescentes. «Exhortamos a las autoridades del sistema de justicia a revisar estos casos, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. Es condenable que jóvenes, sin haber cometido delito alguno, sean criminalizados, poniendo en riesgo su presente y su futuro«, señaló la organización.
Las audiencias continuarán en los próximos días, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de estos adolescentes y el posible ensañamiento judicial.
