El fiscal general Diego Luciani reiteró su rechazo al beneficio de arresto domiciliario otorgado a Cristina Fernández de Kirchner, condenada por corrupción en el marco del caso Vialidad, y sostuvo que la ex vicepresidenta debe cumplir la pena en una dependencia del Servicio Penitenciario Federal.
Ahora, será la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal la encargada de resolver si Cristina Kirchner continúa cumpliendo su condena en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, o si debe ser trasladada a una unidad penitenciaria.
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Mientras tanto, su abogado, Carlos Beraldi, impugnó las medidas impuestas por el Tribunal Oral Federal N.° 2 (TOF 2), entre ellas la colocación de una tobillera electrónica y la restricción de visitas. El Ministerio Público Fiscal, por su parte, redobló la presión y cuestionó directamente el otorgamiento del arresto domiciliario.
El contexto de la condena
Hace dos semanas, el TOF 2 —integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso— ordenó la detención de la ex presidenta tras confirmarse la condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo señala que el entramado de corrupción en la obra pública durante su gestión ocasionó un perjuicio de 85.000 millones de pesos, y establece una pena de seis años de prisión.
No obstante, los jueces concedieron el beneficio de prisión domiciliaria, considerando que alojarla en una cárcel del SPF implicaba riesgos para su seguridad debido a su condición de ex jefa de Estado. Desde entonces, Cristina Kirchner permanece en su domicilio bajo vigilancia electrónica y con reglas de conducta supervisadas trimestralmente.
La oposición del Ministerio Público Fiscal
En un dictamen al que accedió Clarín, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reafirmaron su postura:
“Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una regla clara del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena: la prisión debe cumplirse en un establecimiento penitenciario”.
Los fiscales señalaron que, antes de conceder el arresto domiciliario, el tribunal contaba con alternativas viables de alojamiento seguro, de acuerdo con un informe reservado remitido por el Ministerio de Seguridad de la Nación el pasado 11 de junio.
Además, insistieron en que no se presentan razones humanitarias que justifiquen una medida excepcional como la prisión domiciliaria.
“La privación de la libertad en una cárcel no implica, por sí sola, un trato cruel, inhumano o degradante hacia Fernández”, afirmaron.
Luciani y Mola sostienen que la edad de la imputada (superior a 70 años) no es motivo suficiente por sí solo para conceder el beneficio, salvo que se demuestre que el encierro en un penal agravaría su salud o vulneraría sus derechos fundamentales.
“No se ha demostrado que las condiciones carcelarias supongan un trato indigno o cruel. Por lo tanto, la edad no habilita por sí misma a morigerar la modalidad del cumplimiento de la condena”, concluyeron.
Con estos argumentos, el Ministerio Público Fiscal solicitó a la Cámara de Casación que revoque el arresto domiciliario y disponga el traslado de Cristina Kirchner a una unidad penitenciaria.
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Con Información de Clarin.-
